Enviando corrección, espere un momento...
Los senadores Carlos Bianchi (IND), Loreto Carvajal (PPD) y Álvaro Elizalde (PS) presentaron un proyecto de ley con el cual esperan facultar al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para que este, bajo Estado de Catástrofe, fije el precio máximo que debe pagar un consumidor por alimentos y materiales, ya sea para la conservación o reparación de viviendas.
De acuerdo a Bianchi, la idea matriz es establecer un mecanismo para asegurar los precios de bienes esenciales para la supervivencia y el resguardo de la población.
“Esto debido a que durante el estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por coronavirus se puso en evidencia que algunos productos de la canasta básica elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) han experimentado un incremento de precios muy superior al promedio mensual comparado con años anteriores”, expresó a través de un comunicado.
De ver la luz, la iniciativa crearía un nuevo deber para el TDLC, organismo que ya cuenta con la atribución de impartir instrucciones generales.
En concreto, con un artículo único, la propuesta propuso la siguiente modificación de ley:
Modifíquese el artículo 18 del DFL 1 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley nº 211, de 1973, agregando un nuevo numeral 7, pasando el actual a ser 8, en los siguientes términos:
7) Dictar, luego de declarado el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por Calamidad Pública y durante los doce meses siguientes a su término, las instrucciones de carácter general necesarias para fijar los precios máximos al consumidor de los alimentos y de los materiales para la conservación y reparación de la vivienda que formen parte de la canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares del país elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Fundamentos
En su justificación, los legisladores recordaron que el INE se encarga todos los meses de registrar el precio de productos consumidos en casas, visitando almacenes de barrio, ferias, supermercados y grandes tiendas.
Además, se visitan hogares particulares para consultar valores pagados por arriendo o servicioS domésticoS.
Todo aquello compone la canasta de bienes y servicios, que finalmente está compuesta por 321 elementos desde pan y arroz hasta productos o servicios de recreación.
En su boletín de mayo de 2021, el INE “da cuenta de una variación excesiva en los precios correspondientes a los productos que forman parte de los insumos necesarios para la construcción, específicamente de los necesarios para efectuar reparaciones en el hogar en donde de los 16 productos que componen la división consignaron alzas en sus precios, destacando materiales para la reparación de la vivienda (4,7%)”, establecieron.
“Debido a la inacción del jefe de Gobierno, el presente proyecto de ley se plantea la necesidad de radicar el deber de fijar precios, bajo circunstancias excepcionales, en otro órgano autónomo y de carácter técnico: el TDLC”, complementaron en el texto.
“Luego de evidenciar el aumento del precio de bienes esenciales es importante mencionar que el país ha estado bajo un Estado de Excepción Constitucional por más de un año, en el cual al Presidente de la República se le entregan facultades extraordinarias para regular este tipo variaciones. Así, se podría haber efectuado una fijación de precios por parte de la autoridad durante varios momentos del año, lo que no ocurrió, contribuyendo al aumento de los precios antes mencionado”, lamentó Bianchi a través de un comunicado.
No son los primeros
En abril, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación mensual de 0,4%.
La división “vivienda y servicios básicos” consignó alzas mensuales en cinco de sus nueve clases, siendo la más importante “materiales para la conservación y reparación de la vivienda” (3,1%).
De acuerdo a la medición, los productos que más subieron sus precios fueron los sellantes y pegamentos (11%), seguidos de las pinturas y el barniz (9,9%) y los materiales para la reparación de la vivienda (7,9%).
Esto fue motivo de preocupación para la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) cuyo vicepresidente, Carlos Zeppelin, aludió a problemas de stock en materiales fundamentales como barras de acero, madera y cemento.
Por ello, esta semana, la bancada de diputados del Partido por la Democracia (PPD) hizo una presentación a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para esta que investigue el “desproporcionado incremento en los precios de los materiales destinados para la construcción y edificación” durante los últimos doce meses.
Ayer jueves, la Cámara aprobó solicitar a Piñera que fije los precios de productos básicos bajo Estado de Excepción. La idea contó con 85 votos a favor, 20 en contra y 30 abstenciones.
