La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) y otras organizaciones internacionales, como la Fundación Internacional Baltasar Garzón, presentaron una denuncia a la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) en contra del presidente Sebastián Piñera por crímenes de lesa humanidad cometidos desde el estallido social a la fecha.

De acuerdo a un comunicado de las organizaciones denunciantes, tomaron la decisión de acudir a tribunales internacionales, porque consideran que el Estado chileno no ha dado respuesta a las violaciones de Derechos Humanos (DDHH) denunciadas desde el 18 de octubre de 2019.

“Hemos decidido recurrir a la Corte Penal Internacional porque las víctimas, sus familiares, la sociedad chilena en su conjunto y toda la Humanidad, tienen el derecho y el deber de hacerlo, cuando los órganos y poderes del Estado chileno, han incumplido su obligación”, sostienen en el comunicado.

En el documento, también afirman que las autoridades chilenas han incumplido las recomendaciones que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ACNUDH), formuló en el mes de diciembre de 2019.

“Los ataques a la población civil por parte de los agentes del Estado, desde el mes de octubre de 2019 al mes de abril de 2021, han persistido mediante patrones de conducta apartados de los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y el respeto a los derechos Humanos”, añade.

Además, responsabilizan a los tribunales de justicia de crear un ambiente de impunidad en torno a los casos de violaciones a los DDHH, acusándolos de abusar de la prisión preventiva contra manifestantes.

“Hemos tenido especialmente presente, la asimétrica respuesta de los Tribunales
de Justicia de Chile, que se ha expresado en imponer y mantener medidas cautelares de
prisión preventiva a miles de manifestantes de la revuelta social, y en cambio, ha liberado de responsabilidad a los agentes del Estado y autoridades de los altos mandos y autoridades civiles aquiescentes, involucradas en las violaciones masivas, graves y sistemáticas cometidas desde Octubre de 2019 a la fecha”, sostienen.

Por último, también apuntan al Ministerio Público al que acusan de no cumplir su labor constitucional, al cerrar la mayor parte de las causes por violaciones de DDHH.

“Hemos considerado la omisión que ha hecho el Ministerio Público de su deber constitucional y legal de investigar, al disponer el cierre de más del 55% de las investigaciones que se originan por denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado, impidiendo con ello, el acceso de las víctimas al derecho a la Justicia”, explican.