La figura de la vigilancia del CDE le permite al organismo revisar las indagatorias que se encuentren en plena tramitación, donde existan presunciones de ilícitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo. En una parte importante de los casos donde el CDE utiliza esa facultad incluida en su Ley Orgánica, se presentan querellas criminales.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) “vigila” la causa que lleva la Fiscalía Centro Norte por las interceptaciones telefónicas realizadas por la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) a periodistas de investigación y a exmilitares que denunciaron casos de corrupción institucional.
La figura de la vigilancia del CDE le permite al organismo revisar las investigaciones que se encuentren en plena tramitación, donde existan presunciones de ilícitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo.
En una parte importante de los casos donde el CDE utiliza esa facultad incluida en su Ley Orgánica, se presentan querellas criminales.
Hay que recordar que la indagatoria del Ministerio Público acreditó que una solicitud por Ley de Inteligencia para acceder a las comunicaciones afectó al periodista Mauricio Weibel. Sin embargo, el documento que el Ejército presentó al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago para conseguir la autorización, llevaba otro nombre y no se identificaba con nombre y apellido al profesional. Quedó rotulada como “Operación W”.
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Al mismo tiempo el organismo perseguidor descubrió que la DINE también realizaba monitoreos a distintos profesionales de la comunicaciones, a través de un departamento especializado.
La información quedó integrada en la carpeta de investigación que sustancia el fiscal Jaime Retamal, a raíz de la declaración de un sicólogo que trabaja en inteligencia militar. La labor de Luis Toledo quedó al descubierto luego de la PDI descubrió que desde distintos mails se habían solicitado al Registro Civil distintos certificados, no solo de Weibel, sino también de Santiago Pavlovic, Pascale Bonnefoy, Juan Cristóbal Peña y Javier Rebolledo, todos periodistas de investigación.
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Toledo le indicó a la policía civil que su trabajo al interior de la DINE era el siguiente: “Responder dudas o requerimientos que tenga el mando respecto a asuntos afines a mi profesión, como tomar un examen psicológico a una persona que quiera postular a un cargo, conversar con funcionarios del DINE a fin de efectuar una evaluación psicológica (…) tomo encuestas de clima laboral, entre otras funciones siempre ligadas a mi cargo de psicólogo”.
Junto a los civiles, el Ejército también intervino a los exoficiales Rafael Harvey y Carlos Farías, al exsargento Juan Pablo Díaz y al cabo primero Sergio Tudesca. La inteligencia militar la nombró “Operación Topógrafo”. A cargo de ambas estuvo el general Shafik Nazal que ya declaró en la causa
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Inhabilidad
Ayer en tanto, la abogada Karina Fernández, quien patrocina a Weibel en la investigación de la fiscalía envió una carta al presidente (s) del CDE, Daniel Martorell, en la que solicita se analice “la posibilidad de ejercer la acción penal y actuar como parte querellante en la misma”.
Fernández solicitó en la misiva que el actual consejero Alberto Espina se inhabilite de participar en cualquier reunión o análisis del caso. Lo anterior porque ocupó el cargo de ministro de Defensa y en ese contexto pudo tener información de los hechos investigados.
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