El presidente Sebastián Piñera junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, presentaron este viernes una nueva Reforma Procesal Civil, además de un proyecto para cambiar el sistema de nombramiento de jueces.

Respecto a la Reforma Procesal Civil, el Gobierno señaló que busca modernizar un sistema que lleva 118 años sin modificación alguna, “con el objetivo de entregar más y mejor acceso a la justicia a las personas”.

De acuerdo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, antes de la pandemia, más de la mitad de las causas ingresadas a tribunales correspondían a justicia civil (57%), por lo que era necesaria una modernización.

La reforma comprende dos proyectos de ley que serán ingresados próximamente al Congreso, “un proyecto de ley de mediación en materia civil y comercial, incorporando dentro del Poder Judicial una Unidad especializada que prestará este servicio de manera gratuita a toda la comunidad; y un proyecto de ley que reforma el Código Orgánico de Tribunales, que diseña toda la estructura orgánica asociada a la reforma”.

Los 11 cambios de la Reforma Procesal Civil

La reforma del Gobierno plantea los siguientes 11 puntos.

1.- Un sistema gratuito de mediación: al que los ciudadanos podrán acudir sin necesidad de un abogado, para resolver sus conflictos en forma rápida y dialogada frente a un profesional idóneo que propicie tal acercamiento.

2.- Una unidad de atención de público: que permitirá orientar a los usuarios sobre las distintas alternativas de solución frente a un determinado problema.

3.- Un juez para el ciudadano: en caso que las personas no logren acuerdo en la mediación y se trate de conflictos de bajos montos (hasta 40 UTM), contarán con un procedimiento simple frente al juez, sin necesidad de abogado, quien resolverá su caso en una audiencia.

4.- Un procedimiento oral, por audiencias: que garantizará la relación directa del juez con las partes y la prueba, con plazos breves para dictar sentencias, y con trámites más reducidos, lo que conlleva una disminución de tiempos de tramitación.

5.- Un sistema recursivo más acotado: La reforma limita el recurso de apelación a las sentencias, lo que permitirá acotar los tiempos de tramitación de las causas.

6.- Un nuevo modelo de ejecución: Que permitirá separar las labores jurisdiccionales del juez, de las tareas administrativas, que estarán a cargo de la Unidad de Tramitación Civil, potenciando la incorporación de tecnología, a través del embargo on line y las subastas judiciales electrónicas.

7.- Vías remotas para la realización de determinadas actuaciones y diligencias: La Reforma consagra vías remotas para la realización de determinadas actuaciones y diligencias, además establecer las notificaciones electrónicas, y de consagrar una forma de presentación de documentos de manera digital. También consagra la alternativa de que las audiencias y alegatos se realicen de manera remota por videoconferencia.

8.- Mayor cobertura: Pasaremos de 136 a 164 comunas del país donde el ciudadano contará con servicios de justicia civil, gracias al aumento de tribunales civiles y el otorgamiento de mayores competencias a tribunales comunes.

9.- Disminución de tiempos de tramitación: con el nuevo procedimiento civil existirá una disminución en los tiempos de tramitación de 60% en el caso de los procedimientos ordinarios y de un 87% en el caso de los sumarios.

10.- Aumento de número de Jueces: el diseño de la Reforma Procesal Civil conlleva un aumento considerable (76%) del número de jueces, existiendo al menos 2 jueces en todos los tribunales con competencia civil del país.

11.- Disminución de costos para usuarios: Se incorporan procedimientos que facultan la comparecencia sin abogado, lo que permitirá que un mayor número de personas pueda acceder a la justicia para resolver sus conflictos.

Nuevo sistema de nombramiento de jueces

Respecto al proyecto para cambiar el sistema de nombramiento de jueces, el Gobierno propone crear una Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales, organismo autónomo que pondría fin a la facultad del Ejecutivo de designar a los jueces y otros funcionarios del Escalafón Primario.

La medida, según el ministerio de Justicia, busca “orienta a fortalecer la independencia interna de los jueces, cerrando los espacios de discrecionalidad de los superiores jerárquicos; y estableciendo un sistema de selección basado estrictamente en el mérito, entre otros aspectos”.

De esta forma, la Comisión nombraría a los ministros de las Cortes de Apelaciones, jueces y fiscales judiciales.

“Respecto a las designaciones de ministros de Corte Suprema, si bien el mecanismo actual no se cambiará, sí se incorpora al proceso la realización de concursos públicos en igualdad de condiciones tanto para los cupos destinados a candidatos internos del Poder Judicial como para los externos, como también se elimina la integración de la quina por ‘derecho propio"”, detalló la cartera.

El proyecto elimina la facultad de las Cortes de elaborar las ternas de candidatos para enviar al Presidente, sustituyéndose esto por concursos públicos regulados.

Así, “la Comisión Nacional de Nombramiento de Jueces estará integrada por un miembro designado directamente por el Presidente de la República, que lo preside; dos miembros designados por la Corte Suprema, previo concurso público; y dos miembros designados por el Senado, previo concurso público”.