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Mediante una carta dirigida al presidente subrogante del Consejo de Defensa del Estado (CDE), la abogada del periodista Mauricio Weibel solicitó formalmente al órgano colegiado hacerse parte de la investigación por el espionaje telefónico de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) a periodistas y militares que denunciaron corrupción al interior de la institución castrense.
Se trata de una indagatoria a cargo de la Fiscalía Centro Norte por la intrusión telefónica de la que fueron objeto el referido periodista y cuatro funcionarios del Ejército de Chile.
La interceptación del móvil de Weibel, al igual como ocurrió con la realizada a funcionarios castrenses, contó con la autorización de un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y se gestionó amparándose en la Ley de Inteligencia.
El órgano persecutor logró acceder a los documentos mediante los cuáles se realizaron la solicitudes ante el tribunal de alzada capitalino. De acuerdo a esos antecedentes, el Ejército solicitó “pinchar” celulares argumentando que correspondían a agentes extranjeros.
Luego se comprobaría que en realidad los números pertenecían al profesional Mauricio Weibel y a los exoficiales Rafael Harvey y Carlos Farías. Los teléfonos del exsargento Juan Pablo Díaz y el cabo primero Sergio Tudesca también fueron interceptados.
Una espina en el conflicto
En 2019 cuando la operación comenzó a hacer ruido mediático el titular del Ministerio de Defensa -organismo responsable del control y administración de las ramas armadas- era el RN, Alberto Espina, quien desde noviembre del año pasado y por decisión del presidente, Sebastián Piñera, es miembro del Consejo de Defensa del Estado.
Esta semana Espina abordó la situación frente a la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, asegurando que el ministerio que dirigió hasta julio de 2020 no tenía “injerencia” en las gestiones que realizó el Ejército ante el ministro de corte que autorizó las escuchas.
Es en este contexto, y con la causa todavía desformalizada, que la abogada de Weibel, Karinna Fernández, instó al CDE a hacerse parte del proceso considerando que involucra a funcionarios públicos a integrantes de la Dirección de Inteligencia.
En la misiva dirigida al presidente (s) del CDE, Daniel Martorell, la abogada solicita al organismo “tenga a bien analizar la posibilidad de ejercer la acción penal y actuar como parte querellante en la misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 numeral 5º de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado”.
Dicho acápite indica que dentro de las funciones del CDE está la de “ejercer la acción penal, tratándose de delitos cometidos en el desempeño de sus funciones o empleos por funcionarios públicos o empleados de organismos del Estado, de la Administración del Estado, de los gobiernos regionales, de las municipalidades, o de las instituciones o servicios descentralizados funcional o territorialmente”.
A renglón seguido, la jurista solicitó expresamente que considerando los antecedentes el consejero Alberto Espina se inhabilite y por tanto no participe de ningún análisis, debate o resolución en la materia.
De todos modos, cabe señalar que actualmente Espina figura como integrante del Comité Laboral y Medioambiental del CDE, por lo que en teoría no tendría injerencia en el Comité Penal donde se revisa la solicitud.
BioBioChile contactó al Consejo de Defensa del Estado, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
