Parlamentarios del PPD, encabezados por Raúl Soto, realizaron una presentación a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para que investigue a las empresas de Gas Licuado.

Esto, por un presunta colusión en la fijación de precios de los distintos tipos de productos ofrecidos en el servicio de gas residencial bajo la modalidad de GLP.

Además, en el escrito se solicitó responder si las empresas distribuidoras acordaron o no la asignación de cuotas de mercado. Esto traería como consecuencia incrementar su presencia en el mercado nacional, impidiendo el surgimiento de nuevos oferentes de dicho servicio.

Lo anterior, debido a que la empresa Lipigas ya fue sancionada en el 2017 por colusión en el mercado del gas licuado en Perú. En los últimos 12 meses el precio de dicho combustible subió en Chile casi un 14% y el balón de 15 kilos ya bordea los 21 mil pesos.

“Hay mucha preocupación ciudadana y múltiples denuncias por las alzas en el precio del gas licuado. Este es un mercado controlado por tres grandes empresas, Gasco, Abastible y Lipigas. Esta última fue investigada y sancionada recientemente en un país vecino por un caso de colusión. Queremos despejar dudas y evitar cualquier atisbo de abuso. Por eso, solicitamos a la FNE una investigación del mercado, respecto de estas tres empresas”, explicó el diputado Raúl Soto.

El parlamentario agregó que “tenemos que proteger a los consumidores sobre todo a los sectores vulnerables y a la clase media. La pandemia ha causado estragos desde el punto de vista económico y social”.

“Ya hemos visto con el confort y los pollos”

Por su parte, el diputado Tucapel Jiménez, señaló que “a diferencia de lo que ocurre con la tarificación de otros servicios como la energía eléctrica y el agua potable, el suministro de gas posee un sistema parcialmente desregulado. El Decreto con Fuerza de Ley 323, establece como regla general al sector libertad para el esquema de tarifas de los servicios prestados, con excepción de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena”.

“Estamos preocupados por las alzas de precio. No es posible que los chilenos y chilenas se vean perjudicados con malas prácticas empresariales, que ya hemos visto con el confort y los pollos”, afirmó el diputado Jiménez.

Asimismo, la diputada Cristina Girardi, sostuvo que “los sectores más acomodados cuentan con red de tubería subterránea. Es la población perteneciente a los quintiles más bajos quienes acceden a este servicio mediante cilindros desde distintos distribuidores. De hecho, en sectores rurales, la distribución de gas por cilindros es la única manera de contar con el servicio en los hogares. El riesgo de que estas empresas se puedan coludir perjudicando a la gente es mayor”.

Finalmente, el diputado independiente Patricio Rosas, señaló que “una vez más vemos cómo el mercado no tiene compasión con la situación crítica social y económica que estamos pasando, con enriquecimiento en plena pandemia de las grandes fortunas y prácticas que abusan de una posición dominante en el mercado al coludirse finalmente en contra de las millones de familias sencillas de nuestro país”.