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Fue el diputado Daniel Núñez (PC) quien solicitó la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputadas y Diputados para que se indaguen los presuntos hechos del llamado “Papaya Gate”, caso que terminó con la salida de la exintendenta regional de Coquimbo, Lucía Pinto. El mismo Núñez confirmó que este miércoles se constituirá la comisión.
Núñez explicó que lo que se está solicitando es que se realice una investigación política y administrativa respecto a las irregularidades que hubo en la compra del terreno elegido para construir un centro deportivo en el sector San Ramón de La Serena, según detalló Diario El Día.
“Queremos saber por qué se actuó consciente y premeditadamente para eludir la fiscalización, la toma de razón de la Contraloría que debía ejercer sobre esa venta y también las otras situaciones que se han conocido públicamente, respecto de que había funcionarios que tenían vínculos con las empresas que compraron o vendían los terrenos y todas las otras situaciones que se han denunciado. Pero claramente lo que solicitamos es que se investigue desde el punto de vista político y administrativo”, argumentó Núñez.
Según el diputado, para lograr una buena labor dentro de la comisión, lo primero que se tendría que hacer es citar al contralor regional de Coquimbo para que informe sobre la investigación que él realizó, por qué la solicitó y entregó los antecedentes al Ministerio Público y también citar a la fiscal de Valparaíso con el objeto de que cuente en qué proceso se encuentra la investigación judicial.
La comisión tendrá tres meses para indagar lo ocurrido en la compraventa de los terrenos. Tras 90 días, la instancia está obligada a emitir un informe del resultado de la investigación.
Respecto a qué espera de la comisión, el parlamentario enfatizó en que busca que “este caso no quede en la impunidad desde la perspectiva judicial y desde el punto de vista de la responsabilidad política, porque no puede ser que gente que aparece vinculada a este caso, como por ejemplo, una asesora de la exintendenta Lucía Pinto, hoy día sea seremi de Justicia”.
En este punto, insiste en que el objetivo es que “se llegue al fondo del asunto, que se sepa si hubo tráfico de influencias y uso de información privilegiada. Saber qué pasó con esos vínculos que había entre personas que trabajaban en la intendencia en el área de preinversión, cuyos parientes eran dueños de la inmobiliaria. Por qué se actuó de forma premeditada para dejar fuera a la Contraloría de este proceso. Por qué se compró un terreno que tenía un precio tan elevado, cuando los precios del mercado eran más bajos, todo eso es lo que tenemos que investigar. Yo espero que aquí se determine la responsabilidad política y si amerita que haya sumarios administrativos, porque hasta ahora yo no he visto ninguno que se esté cursando”.
El caso
El escándalo que salió a la luz pública a fines de septiembre de 2020 no sólo desnudó malas prácticas en la administración pública, también gatilló que el Ministerio Público investigara posibles redes de poder ocultas para establecer si existía una defraudación fiscal en la adquisición de un terreno por $9.800 millones realizada de manera irregular entre el Gobierno Regional y un grupo inmobiliario. El sitio sería destinado para construir un centro deportivo en el sector de San Ramón en La Serena.
La Contraloría había objetado el proceso de compra a la exintendente regional, Lucía Pinto, sin embargo, la administración del Gobierno Regional decidió, en la última etapa, no informar al ente contralor, saltándoselo, lo que detonó el escándalo que terminó con la dimisión de Lucía Pinto.
