Los generales de Carabineros, Mauricio Rodríguez y Enrique Bassaletti, mencionaron la “inusitada violencia” durante el estallido social, como parte de su defensa en el sumario administrativo que inició la Contraloría General de la República.

En el sumario en cuestión, el contralor Jorge Bermúdez proponía la sanción a dos generales del Alto Mando, “por no haber tomado medidas en la crisis social para evitar el daño a civiles en el control del orden público, sobre todo con el uso de químicos y la escopeta antidisturbios”.

En ese contexto, el abogado de Bassaletti y Rodríguez, Jorge Martínez, presentó una defensa donde menciona la “inusitada violencia” del estallido social y cifra algunas consecuencias de las manifestaciones: 489 marchas, 37 ataques al Metro, 610 desórdenes públicos, 295 saqueos, 36 buses quemados, 111 carabineros lesionados y 75 ataques a cuarteles policiales.

“Esencialmente dinámico y imprevisible, caracterizado por una inusitada violencia provocada por subversores del orden público”, señaló el mismo Bassaletti en su defensa, consigna diario El Mercurio.

Respecto a los cargos por el lanzamiento de lacrimógenas al Hospital Félix Bulnes en noviembre de 2019, según Bermúdez, el general Rodríguez sostuvo que “en cada uno de los eventos habría existido la necesidad real y cierta, constatada por los mandos operativos, de hacer uso de disuasivos químicos”.

Otros argumentos dados en la defensa de los generales, es que algunas de las 12 denuncias que impulsaron el sumario administrativo en contra de Carabineros, estarían judicializadas, lo que generaría una “doble investigación” contra los funcionarios, incluso algunas estarían formalizadas.

Además, agregan en la defensa que “la definición de las políticas de seguridad del país, como las decisiones administrativas de los organismos policiales para diseñarlas e implementarlas so de exclusiva atribución del Ejecutivo, a lo que deben subordinarse las actuaciones de las policías”.