“A PARTIR DEL DÍA DE HOY (12.03.2021), A LAS 23.59 HORAS, DEJARÁN DE FUNCIONAR LOS EQUIPOS SIMCCAR, A NIVEL NACIONAL, DEBIDO AL TÉRMINO DE CONTRATO CON LA EMPRESA PROVEEDORA, MEDIDA QUE DURARÁ HASTA QUE SE INICIE EL PRÓXIMO CONTRATO”.
Así versa un documento electrónico interno de Carabineros -enviado el pasado viernes a las 20:48 horas por el general jefe de la Zona Santiago Oeste, Enrique Monras- con el que se da la alerta a la tropa: los dispositivos utilizados en los controles de identidad no van más.
¿La razón? La falta de adjudicación del proceso licitatorio que dotaría a la policía uniformada -vía arrendamiento- de los 4 mil equipos que permiten contrastar antecedentes personales de una persona fiscalizada con diversas bases de datos, entre ellas el Registro Civil.
En más de un caso, por ejemplo, Carabineros logró sacar de circulación a peatones con covid-19 positivo, precisamente gracias al cruce de información facilitado por el sistema.
Hoy, sin embargo, los uniformados deben regresar al modelo antiguo.
Consulta y licitación
El concurso público para proveer el arrendamiento de los 4 mil dispositivos -por más de 24 mil millones de pesos, por 72 meses- se abrió en septiembre de 2019 y no estuvo exento de complicaciones.
En primer lugar, la policía inició una consulta al mercado, la que se cerró un mes después. Se recibieron siete ofertas de las empresas Kesp, Sonda, Global System, GTD Intesis, Emach, Entel y Powerti.
Con ello, se dio paso a una licitación para el paquete completo. Es decir, una plataforma tecnológica que incluyera servidores centrales, dispositivos móviles, planes de datos, soporte y mantención, entre otros.
En dicho proceso -publicado el 26 de febrero de 2020- participaron sólo cuatro empresas: Servicios Informáticos Santiago SPA (rechazada por no presentar garantía de seriedad de la oferta), Idemia Identity & Security Chile, The Pegasus Group Company S.A. y Motorola Solutions Chile S.A. (esta última enfrascada en un lío judicial por corrupción que tiene en el centro de la polémica a la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell).
Sin embargo, sólo dos meses después el proceso debió ser suspendido, luego de que -en medio de la licitación- Carabineros debiera realizar una modificación a las bases técnicas.
Tras pasar por el visto bueno de Contraloría, el procedimiento volvió a ser publicado en junio de ese mismo año. Varios meses más tarde, en octubre de 2020, finalmente concluyó la evaluación de ofertas y el 22 de diciembre Carabineros remitió al organismo fiscalizador el control de legalidad de la adjudicación. Esta última nunca llegó a publicarse.
En efecto, fuentes de Carabineros indicaron a este medio que sólo están a la espera de que la Contraloría vise la asignación de la licitación para contratar los servicios, algo que podría concretarse dentro de los próximos cuatro meses.
De todos modos, no se descarta que el procedimiento pueda volver a extenderse, en caso de que el organismo de control descubra algo fuera de norma, especialmente tras un oficio en el que se denuncian irregularidades. Desde la entidad uniformada -sostienen- se revisó una y otra vez el proceso para evitar cualquier duda al respecto.
“Presiones para adjudicar”
Tal como se señaló, el concurso no estuvo exento de complicaciones. Ejemplo de ello es el oficio enviado por el diputado Sergio Bobadilla (UDI) al Contralor Jorge Bermúdez, en el que expresa haber recibido por parte de un grupo de funcionarios de Carabineros una denuncia “por presiones realizadas en el Departamento TIC (Telecomunicaciones e Información de la policía uniformada)”.
Aunque sin entregar mayores detalles, el representante gremialista asevera que los apremios fueron en contra de altos funcionarios de esa repartición, “en favor de la adjudicación de la empresa Idemia Identity & Security Chile”.
En el escrito, el parlamentario justamente apunta en contra de esta última compañía, al asegurar que es el actual proveedor del sistema de cédula de identidad y pasaporte internacional, “con situaciones como: multas por incumplimientos contractuales con el Registro Civil y fallas en el sistema de Clave Única”.
Adicionalmente -añade Bobadilla- es “extremadamente grave” que Idemia “tenga subcontratada para las labores de desarrollo de software en el Registro Civil a la empresa Solem, la cual también está cuestionada por tratos directos por parte de Carabineros por más de 1.200 millones de pesos”.
“Finalmente, cabe preguntarse cómo, IDEMIA IDENTITY & SECURITY CHILE que ha sido identificado por el Banco Mundial, como una empresa con altos niveles de corrupción, es proveedora y empresa participante en esta nueva licitación”, se queja el congresista en el escrito.
Situación que, por ahora, no está en la justicia y ha levantado alertas, incluido en el Ministerio del Interior.
Lea el oficio:
A la antigua
Así las cosas, Carabineros debió volver al modelo antiguo. En buenas cuentas, en caso de un control de identidad o vehicular, en lugar de contrastar de manera automática los antecedentes a través de la Simccar, ahora están obligados a enviar la consulta de información a la Central de Comunicaciones (Cenco) por medio de un equipo radial.
Desde el otro lado de la línea deberán chequear los datos y responder a través del mismo mecanismo, lo que afectará la eficiencia de los procedimientos.
Requeridos por Radio Bío Bío, desde la policía uniformada detallaron que “al momento Carabineros sigue efectuando sus labores policiales (controles vehiculares, de identidad, etcétera). Por ahora se realizan mediante consultas a la Central de Comunicaciones, donde se mantiene la base de datos y se informan los antecedentes del consultado”.