La Ley Antiportonazos establece la obligatoriedad por parte de las compañías aseguradoras de automóviles de entregar dispositivos GPS sin costo a los clientes que contraten una póliza.

En particular, la exigencia es válida para quienes contratan un seguro automotriz y no considera al Seguro Obligatorio (SOAP), el que los propietarios de vehículos pagan en marzo de cada año.

En un contexto de aumento de la violencia en portonazos y encerronas, el Gobierno comenzó a poner presión para que estas empresas efectivamente cumplan con lo estipulado en la normativa.

Así, el lunes, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, tuvo una reunión con representantes de compañías aseguradoras de automóviles para coordinar la instalación de artefactos GPS “con el objetivo de prevenir y evitar delitos en que se involucren vehículos, como los portonazos y encerronas”, indicaron desde el Gobierno.

“Nos hemos reunido con las aseguradoras de vehículos para exigirles el cumplimiento de la Ley Antiportonazos, pero en el estándar que deben tener los GPS que deben entregarle a las personas de manera gratuita”, comentó Martorell.

“Estos estándares se van a establecer a través de protocolos en base a un estudio que ha realizado el Ministerio Público y que permite, primero, no poner en riesgo la seguridad de las personas que están manejando en ese momento”, añadió.

Asimismo, la autoridad indicó que dentro de los estándares de calidad los artefactos deberán contar con un sistema de conexión inmediata con las policías en caso que ocurra un delito que involucre a un automóvil.

Ahora, la entidad liderada por Martorell liderará a una mesa de trabajo con distintos actores de la industria automovilística a modo de coordinar la entrega de aparatos tecnológicos y para instalar instrumentos que permitan prevenir el robo de vehículos.

De acuerdo al presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile, Mario Gazitúa, “cualquier persona que haga una transacción de un vehículo va a contar con un certificado de autenticidad sin tener que sufrir la estafa de comprar un vehículo que ha sido clonado o robado”.

Por su parte, el fiscal Sergio Soto, jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos, aseveró que “estas estrategias de intervención netamente preventivas van a permitir, de alguna manera, desincentivar a las personas que cometen estos delitos o que los vuelvan a cometer”.

De la reunión también participó el subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez; y representantes de Carabineros y la PDI.