La subsecretaría de Prevención del Delito, Katherine Martorell, interpuso una querella criminal por el delito de cohecho y fraude al fisco contra el exfuncionario de la repartición, Cristian Fonseca Zagal, y contra todos quienes resulten responsables.

Según detalla la querella, a la que tuvo acceso Radio Bío Bío, y que se presentó en el séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se indica que el coordinador nacional del Programa de Televigilancia Móvil, Juan Ignacio Barrera, tomó conocimiento de una grave situación que se habría presentado durante el año 2020, lo que fue elevado a instancias superiores dentro de la misma cartera ministerial, al percatarse que se podría haber configurado un mecanismo de corrupción, similares a los que se han denunciado en Argentina.

Según se expone, Cristian Fonseca, en su calidad de coordinador de dicho programa, el cual desempeñó hasta el 30 de septiembre de 2020, habría solicitado a trabajadores que se desempeñaban como “copilotos” en dependencias de la Intendencia de la Región Metropolitana, la suma de $200 mil mensuales a cambio de ejercer influencias indebidas sobre los funcionarios de la Intendencia, con el objeto de asegurar así su contratación y permanencia.

Dicha información fue recibida por la subsecretaria Martorell a través de un correo electrónico el 9 de marzo pasado, enviado por Juan Ignacio Barrera, actual coordinador del programa, quien le relató que recibió los detalles del presunto delito de parte de una de las funcionarias involucradas en los hechos, quien además entregó copia de las transferencias bancarias que realizó el trabajador querellado.

No solo eso, sino que también estas acciones habrían sido realizadas en concordancia con el funcionario de la Intendencia Metropolitana, Pedro Moreno, quien se comunicaba con los funcionarios que cometieron el cohecho para exigirles el pago del dinero.

El programa de Televigilancia se ejecuta desde el año 2019 por la Intendencia de Santiago, liderada por el RN Felipe Guevara, a través de un convenio de colaboración y transferencia de recursos que hace Prevención del Delito.

En concreto, lo que realiza el plan es la instalación de drones en la Región Metropolitana, cuestión que cuenta con una contraparte técnica de la subsecretaría, la cual designa a un funcionario para que supervise la ejecución del programa en las distintas gobernaciones donde se lleva a cabo.

La querella sostiene que los hechos descritos, en el caso de corroborarse la veracidad, serían constitutivos del delito de cohecho, que está descrito y sancionado en el artículo 248 y 250 del Código Penal.

Asimismo, sostienen que serían constitutivos del ilícito de fraude al Fisco, tipificado en el mismo ordenamiento jurídico.

Dentro de las diligencias que piden, se solicita decretar una orden de investigar a la Policía de Investigaciones y que se cite a declarar a tres funcionarios del programa.

Consultada por esta acción legal, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, enfatizó que los hechos son indignantes, se falta a la probidad y es por eso que están persiguiendo penalmente su responsabilidad.

Asimismo, mencionó que es esencial que estos casos sean investigados, ya que es indignante que se abuse de trabajadores, intolerable que además se genere corrupción dentro de las instituciones públicas.

La subsecretaria mencionó que van a enfrentar esta querella y todas las acciones legales que se puedan adoptar con todas las herramientas que les otorga la ley y buscando las más altas penas.

Revisa la acción presentada aquí:

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)