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El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago admitió a trámite una querella por torturas interpuesta por Mauricio Hernández Norambuena, alias el “comandante Ramiro”, en contra de los gendarmes a cargo de su custodia que resulten responsables del mencionado delito.
Fue en agosto de 2019 cuando el fugado exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) retornó a Chile extraditado desde Brasil, para cumplir dos penas, de 15 años cada una, por el asesinato del senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán, y por el secuestro de Cristián Edwards Del Río, hijo del entonces dueño de El Mercurio.
“Ramiro” fue uno de los cuatro integrantes del FPMR que escaparon desde este mismo recinto carcelario a bordo de un helicóptero el 30 de diciembre de 1996, hace 24 años, en una operación que pasó a la historia como “Vuelo de Justicia”.
Desde su llegada a nuestro país el exsubversivo ha permanecido en la Sección de Máxima Seguridad de la Unidad Especial de Alta Seguridad en Santiago, custodiado las 24 horas por funcionarios de Gendarmería.
En ese contexto, el recluso -tal como en oportunidades anteriores- volvió a denunciar malos tratos por parte de sus custodios, señalando también que las condiciones de su celda no son las adecuadas.
Entre otras cosas, asegura ser blanco constantes malos tratos y hostigamientos ejercidos por su custodia directa, funcionarios de los Servicios Especiales de Gendarmería.
Asimismo, advierte que la luz artificial al interior de su habitación (de 6 m2) está las 24 horas del día encendida, impidiéndole descansar.
En paralelo, asegura que de las 24 horas del día a penas tiene 90 minutos de patio y no tiene acceso a visita íntima-conyugal o venusterio. Tampoco, asegura, le permiten tener contacto con otros reclusos y los libros que le llevan son revisados acuciosamente por gendarmes.
Estos y otros hechos, como que la última comida se le entrega a las 15:30 horas, fueron catalogados como tortura por parte del interno, quien a través de su defensa jurídica interpuso la querella hoy admitida a tramitación.
Una de sus abogadas, Yanira González, dijo esperar que con la mayor premura y urgencia “el Ministerio Público investigue estos hechos constitutivos de delito”.
En esa misma línea, el tribunal de garantía remitió los antecedentes a la Fiscalía para que realice e instruya las diligencias necesarias.
