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En medio de la demanda de recolectores de basura, cajeras y otros empleados de servicios esenciales, avanza el calendario de vacunación en el Poder Judicial, luego de que la Corte Suprema acordara solicitar al Ejecutivo que la vacunación se desarrolle en sus puestos de trabajo, un privilegio que desató el debate al interior del Pleno del máximo tribunal del país.
Avanza el calendario de vacunación contra el covid-19 fijado por el Ministerio de Salud (Minsal). Esta semana, los grupos priorizados por el Ejecutivo van desde adultos mayores entre 81 y 84 años, hasta personal que desarrolla funciones críticas del Estado.
Por eso, polémica causó la decisión de la Municipalidad de Concepción que, según información que confirmó La Radio, vacunó a al menos cuatro magistrados del Tribunal Oral de Concepción, pese a que la Seremi de Salud de la zona aún no confirmaba la fecha de inicio del proceso para funcionarios públicos.
Lo anterior abre el debate sobre la inoculación a jueces del Poder Judicial (PJUD), especialmente luego de que dos grupos de la Corte Suprema se enfrentaran en una reñida votación el 1 de febrero pasado, debido a lo que algunos consideraron como la autoasignación de un privilegio en medio del proceso de vacunaciones.
Por 10 votos contra 9, el Pleno de la Corte Suprema acordó solicitar a la autoridad sanitaria que el proceso de vacunación de magistrados se realice en sus lugares de trabajo, pese a que desde marzo de 2020 gran parte de las audiencias se cursan vía telemática por lo que los funcionarios no asisten a sus lugares de trabajo de forma presencial, según quedó establecido en el Auto Acordado 41 que reguló el teletrabajo en el Poder Judicial.
De hecho, no son pocos los que creen que choferes de transporte público, recolectores de basura e incluso cajeras de supermercado deberían estar antes en la fila que el personal judicial que sí puede teletrabajar.
“(Se acuerda) solicitar a la autoridad correspondiente, por intermedio de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, se otorguen las facilidades para que a los funcionarios judiciales se les suministre la vacuna, tanto en primera como en segunda dosis, en dependencias del Poder Judicial”, consta en la resolución del pasado 1 de febrero.
División en la Suprema
Como dio cuenta La Tercera, hubo una dura discusión al interior del ampliado judicial. Un ala importante de ministros estuvo por la opción de no autoasignarse el privilegio de ser vacunado en su lugar de trabajo, pero fueron derrotados por mayoría.
Dentro de la oposición, quienes “fueron de (la) opinión de no solicitar la facilidad indicada, por estimar que lo procedente es sujetarse al régimen general de la población y concurrir a los lugares que corresponda” se encuentran los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Gloría Ana Chevesich -vocera del máximo tribunal-, Andrea Muñoz, Arturo Prado, Adelita Ravanales, Mario Carroza y suplentes Rodrigo Biel y Jorge Zepeda.
Por el contrario, los que votaron a favor de ser inoculados en sus respectivos lugares de trabajo, fueron los ministros Guillermo Silva, Carlos Kunsemuller, Haroldo Brito, Manuel Valderrama, Angela Vivanco, María Angélica Repetto, Leopoldo Llanos y los suplentes Juan Muñoz, Mario Gómez y Juan Shertzer.
La “facilidad” que el sector que votó por no ser vacunados en sus lugares de trabajo va en la línea de someterse al mismo proceso que el resto de la población, quienes están obligados asistir a los lugares habilitados por la Atención Primaria en Salud (APS).
Pese a esta situación, desde diciembre de 2020 que el Poder Judicial inició conversaciones con el Ejecutivo para poder ser incorporados los grupos priorizados por Salud en la Fase 1. Esto, argumentaron en su momento, por considerarse un servicio esencial dentro de la administración del Estado.
Verónica Vymazal Bascopé, vicepresidenta de la Asociación de Magistrados y Magistradas del Poder Judicial de Chile señaló precisamente que “el Poder Judicial -a través de la Corporación Administrativa del Poder Judicial- ha estado gestionando el proceso de vacunación, al haber sido considerado dentro de los servicios críticos del Estado que prestan atención a la ciudadanía”.
Según explicó, el objetivo es “evitar colapsar los centros vacunatorios y no entorpecer el proceso de vacunación del adulto mayor”, por lo que en la Región Metropolitana -por ejemplo- se acordó un convenio con la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) para que los funcionarios del PJUD puedan vacunarse en el Hospital del Trabajador.
