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De las 144 niñas y adolescentes menores de 18 años que acudieron a un centro asistencial a realizarse un aborto, 119 lo hicieron bajo la causal de violación. A continuación revisamos estas y otras cifras sobre el aborto en tres causales, las denuncias y condenas por aborto clandestino y las desconocidas cifras fantasma en Chile en torno a este último.
En septiembre de 2017 comenzó a regir la ley 21.030, la cual permite que las mujeres embarazadas puedan realizarse un aborto si este es compatible con alguna de las siguientes causales: riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal o violación.
Hoy, luego de lo ocurrido en Argentina a principios de enero, se discute la posibilidad de avanzar hacia una despenalización total del aborto hasta las 14 semanas de gestación. En medio de este debate, recogemos las cifras de lo que ha sido el aborto en Chile hasta ahora.
Las 3 causales
Según cifras recopiladas por BioBioChile pertenecientes al Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS), entre febrero de 2018 y septiembre de 2020, se registraron 2009 casos de mujeres que ingresaron a centros de salud evaluando la posibilidad de abortar bajo alguna de las tres causales. De ellas, 1676 decidieron interrumpir su embarazo, mientras que 333 optaron por continuarlo.
Esto ocurre porque hay casos en que la mujer cambia de opinión y desiste en su decisión de abortar una vez que llega al centro de salud. Recordar que la ley de aborto en tres causales establece que cada mujer tiene derecho a un programa especial de acompañamiento, el cual incluye acciones de acogida y apoyo biopsicosocial que la ayuden a orientarse durante el proceso.
De quienes finalmente se acogieron bajo alguna de las tres causales para interrumpir su embarazo, la principal razón fue por inviabilidad fetal (47,26%), es decir, que el “embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética, incompatible con la vida extrauterina independiente, en todo caso de carácter letal” (ver gráfico).
En segundo lugar están quienes lo hicieron porque su embarazo suponía un grave riesgo para la salud de la madre (32,28%), de modo que la continuación de este habría supuesto un peligro para su vida.
Y por último están quienes se ampararon bajo la causal de haber sido víctimas de una violación que terminó en embarazo (20.47%).
Si bien las causales están distribuidas de forma relativamente pareja, las cifras muestran que estas varían mucho dependiendo del grupo etario al cual pertenece cada mujer.
La información revela que el 83% de las niñas y jóvenes entre 11 y 17 años de edad que abortaron lo hicieron bajo la causal de violación. De ellas, una de cada cinco decidió continuar con su embarazo.
Lo contrario ocurrió en en el caso de las mujeres mayores de 40 años, a quienes la causal de violación representó solo el 6% de los casos en contraste con un 64% de inviabilidad fetal, seguido por un 30% de riesgo de vida de la madre.
En cuanto a la edad gestacional de los embarazos interrumpidos, el punto máximo se produce a las 13 semanas de gestación, disminuyendo gradualmente hasta llegar a las últimas semanas con cifras relativamente bajas.
Recordar que cuando una mujer ha sido víctima de violación, la ley contempla que se puede realizar un aborto “siempre que no hayan transcurrido más de doce semanas de gestación”. En el caso de que se trate de una niña menor de 14 años, el procedimiento podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de catorce semanas.
Tal como mencionamos anteriormente, independiente de si la mujer decide interrumpir finalmente su embarazo o no, la Ley contempla que esta tiene derecho a un programa de acompañamiento biopsicosocial que la acoja y le preste apoyo. De las mujeres que acudieron a un centro de salud bajo alguna de las tres causales, el 84% optó por aceptar este servicio.
Lo anterior es independiente de la previsión que tenga la mujer o el tipo de establecimiento al que decida acudir para realizarse un aborto. La mayoría de las mujeres que se realizaron este procedimiento lo hicieron con Fonasa y en un recinto público.
Sin causales
El Código Penal chileno es claro en lo que a abortos se refiere. En su artículo 344 señala que “la mujer que, fuera de los casos permitidos por la ley, causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, será castigada con presidio menor en su grado máximo”.
Según datos del Ministerio Público, desde el 23 de septiembre de 2017, cuando fue publicada la Ley Nº 21.030, y hasta el 31 de diciembre de 2020, el organismo ha recibido 474 denuncias por delitos de aborto. Estas incluyen en su mayoría a mujeres, así como a terceros o a facultativos involucrados en la acción.
De estas denuncias, solo 8 han recibido una sentencia definitiva condenatoria. Una donde el delito fue aborto consentido por causales no reguladas (artículos 342 N°3 y 344), cuatro por aborto sin consentimiento y tres por aborto cometido por facultativos por causales no reguladas.
Sin información oficial
Debido a que está penalizado, en Chile no existen registros oficiales sobre la cantidad de abortos que se realizan por fuera de la ley 21.030. Tampoco hay cifras concretas respecto a las muertes asociadas a este. No obstante, sí existen algunos estudios estimativos en torno al fenómeno.
Por ejemplo, un informe realizado por la Universidad Diego Portales en 2013 planteó una cifra estimada de 60 a 70 mil abortos ilegales al año.
Por otro lado, en un artículo elaborado por investigadoras de la Corporación Miles en la Universidad de Barcelona, se señala que la cifra en Chile es extremadamente variable.
Desde el Minsal corroboraron que, en efecto, no existen cifras o información respecto a la cantidad de mujeres que se han practicado un aborto por fuera de la ley de las tres causales.
Si revisamos los registros de egresos hospitalarios del Minsal por aborto podemos ver que estos no distinguen aquellos que se producen de forma espontánea de aquellos que podrían haber sidp inducidos por la mujer o un tercero para terminar el embarazo de forma prematura.
Según las cifras del DEIS, en 2019 hubo 23.691 casos registrados vinculados al aborto en Chile, tratándose la mayoría de abortos espontáneos, abortos médicos o simplemente abortos no especificados.
Esto puede ocurrir ya sea porque la mujer prefiere no acudir a un centro asistencial, pues corre el riesgo de ser denunciada, o porque desde el propio establecimiento se tipifica la causal de ingreso bajo otra categoría. En esa misma línea, las defunciones por interrupción del embarazo sin causales tampoco están contempladas dentro de las cifras de mortalidad materna.
