Chile se coloca a la vanguardia mundial de los neuroderechos al ser el primer país que discute un proyecto de ley para afrontar los riesgos de la neurotecnología, una iniciativa que miran con lupa académicos, organismos internacionales y grandes compañías tecnológicas.
Este proyecto pionero, que fue aprobado por unanimidad en el Senado en diciembre y cuya discusión se retomará en marzo tras el parón estival, busca definir por primera vez en la historia la identidad mental como un derecho no manipulable, con el objetivo de protegerlo de los inminentes avances de la inteligencia artificial y la neurociencia.
La iniciativa llegó a Chile en 2019 de la mano del neurobiólogo español Rafael Yuste, catedrático de la Universidad de Columbia (EE. UU.) y portavoz del Grupo Morningside, un colectivo de académicos que recorre el mundo advirtiendo a los Gobiernos de la necesidad de proteger este tipo de derechos.
“Estamos entrando por fin en un periodo de la historia en que podemos adentrarnos en la mente humana y eso nos acerca peligrosamente a perder nuestra privacidad mental”, alertó desde Nueva York el también ideólogo de una de las mayores iniciativas en el mundo dedicadas a investigar el cerebro, denominada “Brain” y financiada por el expresidente estadounidense Barack Obama.
Intereses de las tecnologías
El punto de inflexión, agregó Yuste, fue el salto en 2020 de las grandes empresas tecnológicas como Facebook, IBM o Neuralink (del magnate Elon Musk) al desarrollo de “métodos no invasivos para alterar cognitivamente la mente humana”, algo que hasta ahora solo se podía hacer a través de operaciones quirúrgicas con fines médicos.
Un casco con luz infrarroja que escribe lo que piensas, gafas o diademas que interfieren en la actividad neuronal o un cerebro híbrido entre máquina y humano son algunas de las innovaciones que se cuecen en Silicon Valley y que han llevado a expertos del mundo a replantearse la necesidad de marcar nuevos límites éticos.
Para el neurocientífico de la Universidad de Chile Pedro Maldonado, el riesgo subyace en que estas tecnologías permitirían examinar la actividad cerebral sin consentimiento e incluso modificar la mente para alterar la manera en que las personas somos o pensamos.
“Hablamos de intervenir lo más intrínseco del ser humano, la mente, por lo que deberíamos poner urgencia en protegerla y que sea considerado como un derecho humano más”, agregó Maldonado, que estima que se tardará alrededor de una década en poder alterar el cerebro de forma no invasiva.
El proyecto chileno
En 2019, una comisión del Senado chileno materializó las recomendaciones de Yuste en un proyecto de ley pionero en el mundo del que están pendientes la OCDE, Naciones Unidas y las propias compañías tecnológicas y que ha sido acogido en Chile por parlamentarios de todo espectro político.
De aprobarse, algo que presumiblemente podría tener lugar en marzo, Chile se pondría a la cabeza en materia de neuroderechos en todo el mundo, incluso por delante de Estados Unidos, donde el Grupo Morningside presentó la iniciativa la pasada semana al entorno del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden.
El senador opositor Guido Girardi, presidente de la comisión chilena que catapultó la protesta, explicó a Efe que el proyecto recoge cinco principios básicos: el derecho a la privacidad mental, a la identidad personal, al libre albedrío de pensamiento, al acceso equitativo a las tecnologías que aumenten las capacidades humanas y a la protección contra sesgos y discriminación.
“Los neurodatos a día de hoy son el objeto de deseo neoliberal y hay que evitar la vulnerabilidad y el riesgo que supone que estén expuestos y sin protección”, afirmó.
Además del proyecto de ley, también se contempla una enmienda a la Constitución que defina por primera vez la identidad mental como un derecho que no es manipulable y que se podrá intervenir solo por motivos científicos o de salud.
La directora de la Academia de la Ciencia de Chile, Cecilia Hidalgo, aseguró a Efe que “más allá de tratar de ubicar a Chile como un país pionero en materia de neuroderechos, lo importante es trabajar para que estos se contemplen a nivel mundial” y que sean incorporados incluso a Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU.
“La ciencia es un arma de doble filo: puede ser algo muy beneficioso pero al mismo tiempo algo destructivo, por eso la discusión ética debe preceder a los avances tecnológicos que podrían convertirse en una gran amenaza”, añadió.