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La Contraloría General de la República (CGR) iniciará un sumario administrativo al interior de la Municipalidad de La Reina para determinar eventuales responsabilidades administrativas debido a una serie de anomalías ligadas al cobro, emplazamiento y contratación de estructuras publicitarias.
El organismo fiscalizador estimó que después de la auditoría, la sede comunal dirigida por José Manuel Palacios (UDI), no pudo acreditar “fiscalizaciones sobre la materia en el periodo comprendido entre enero de 2007 y octubre de 2018, a las diversas estructuras publicitarias instaladas en el territorio”.
En la misma línea determinó que el “municipio no cuenta con procedimientos de control que permitan el seguimiento posterior de gestiones realizadas”.
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De acuerdo a lo señalado en el documento, el monto adeudado por las empresas de publicidad al municipio asciende a casi seis mil millones de pesos, según la información de once demandas interpuestas en los tribunales civiles. Diez de ellas accionadas por el mismo Palacios. En La Reina, reconocen la cifra e indican que han realizado todas las gestiones judiciales tendientes a recuperar las sumas pendientes de pago.
El informe también cuestionó que “algunas de las estructuras publicitarias” se ubican en zonas adjudicadas en las fajas adyacentes a un camino público, “esto es, la ruta 70, Avenida Américo Vespucio”, sin que exista una solicitud a la autoridad vial Metropolitana.
Además, se constató una discrepancia en el concepto de “mobiliario urbano” que la sede edilicia utilizó en la licitación pública para su instalación.
No obstante, para la Contraloría “los bienes que comprenden la licitación en estudio no pueden ser considerados mobiliario urbano”.
“(…) resulta reprochable que la entidad edilicia haya licitado y concesionado determinadas estructuras publicitarias, emplazadas en sectores donde la normativa vigente expresamente lo prohíbe”, se lee en el informe de auditoría.
En respuesta a la observación anterior, el municipio reconoció el hecho, pero refrendó señalando que al realizar una licitación de mobiliario urbano los permisos eran innecesarios.
Sin embargo, la entidad de control contradijo al municipio y señaló: “las estructuras (…) corresponden a dispositivos publicitarios, no siendo procedente considerarlos como mobiliario urbano”.
Otra falta administrativa acreditada por la Contraloría, fue un desistimiento judicial que evitó el cobro de $233 millones adeudados por la empresa Global Media SpA, “sin contar con un acuerdo previo del consejo municipal” para tomar esa decisión.
Origen
Las deudas que arrastra el municipio de La Reina por el no cobro de derechos por publicidad, data de enero de 2007 a octubre de 2018. Durante ese periodo, ocuparon el sillón edilicio: Luis Montt, en dos periodos, desde 2004 – 2008 y 2008 – 2012. El primero como independiente de la Alianza por Chile, y el segundo por Renovación Nacional (RN). De 2012 a 2016, en tanto, fue Raúl Donckaster (DC). Actualmente es José Manuel Palacios (UDI) desde diciembre de 2016.
En julio de 2019, el diputado Gabriel Silver (DC) denunció a la Contraloría un actuar “poco diligente” del municipio respecto al cobro de dineros por derechos de publicidad, según consignó La Tercera, la cual se sumó a la del concejal de La Reina, Álvaro Delgado (DC).
A los anteriores se sumó el diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch.
El parlamentario criticó que el municipio careciera de procedimientos fiscalizadores para resguardar el patrimonio comunal.
“Por esta falta, el municipio dejó de cobrar más de 900 millones de pesos, simplemente porque las deudas están prescritas. Lo más grave es que condonó una deuda a la empresa Global Media SpA por más de 233 millones de pesos (…)”.
Al respecto, Hirsch estudia la eventual presentación de una denuncia ante el Ministerio Público en contra de quienes resulten responsables.
A su juicio, las acciones del jefe comunal, podrían constituirse como “notable abandono de deberes”.
Al ser consultado por las observaciones de la Contraloría General de la República (CGR), el edil de La Reina, José Manuel Palacios (UDI), indicó que una vez que asume su mandato y “al determinar las irregularidades que existían con estas empresas de publicidad, lo primero que hicimos fue terminar con los permisos precarios que se le entregaban a cada una de ellas”.
Y agregó: “como estas empresas simplemente no querían sacar sus estructuras del espacio público de la comuna, tuvimos que licitar el servicio de retiro de esos mismos fierros de la calle (…). Y finalmente presentamos una serie de demandas civiles por la plata que se le adeudaba al municipio. Además de levantar, por primera vez, una licitación transparente y como corresponde ante esta materia, poniendo fin a los permisos precarios”.
¿Ha sido difícil recuperar los dineros?
“Muy difícil y muy complejo, principalmente por los continuos subterfugios jurídicos que han ocupado estas empresas, por ejemplo, cambian sus direcciones, haciendo imposible que se les notifique”.
¿Alguna crítica a los exalcaldes?
“(…) no es fácil enfrentarse a algunas de estas empresas publicitarias. Son una verdadera mafia y hay que tener coraje y valor para enfrentarse a las mafias. Estamos hablando de arriesgar familias, arriesgarse físicamente y hay quienes nos atrevemos y quiénes no. Puntualmente a nosotros nos amenazaron, por ejemplo, de sacarme de la alcaldía, me amenazaron porque tenían “sus contactos”. Son mafias y hay que tener valentía para enfrentarlos”.
