El Poder Judicial informó que solo 26 personas —al 11 de diciembre del 2020— permanecen en prisión preventiva por causas relacionadas al estallido social, de las cuales el 58% tiene asociado el delito de robo en lugar no habitado. En tanto, la vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chévesich, consultada por las calificaciones de “presos políticos”, aseguró que es tarea de los tribunales de justicia determinar aquella situación.

La metodología utilizada consideró las causas ingresadas desde el 16 de octubre de 2019 al 16 de marzo de 2020 y, de ellas, las prisiones preventivas dictadas en cualquier momento de la tramitación de la causa, hasta el 11 de diciembre del 2020, la fecha última para la cual se analizó el estado de este escenario.

Así, se informó que a la fecha se han decretado 2.180 prisiones preventivas. De este total, 280 permanecen en tal situación, pero por delitos distintos al denominado estallido social y solo 26 por causas relacionadas a los hechos registrados desde octubre de 2019.

De ellos, el 58% tiene asociado el delito de robo en lugar no habitado y el 27% por el delito de incendio con peligro para las personas. En promedio, se imputan tres delitos por persona.

Para este análisis se consideraron delitos como desórdenes públicos, interrumpir la libre circulación, lanzar objetos a la vía pública con muerte o lesiones, robo en lugar no habitado, receptación, incendio con peligro para las personas, saqueo, maltrato de obra a carabineros, entre otros.

La vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chévesich, consultada por las calificaciones de “presos políticos”, afirmó que es tarea de los tribunales de justicia determinar tal situación.

“La calificación definitiva de un delito si es común o es político, le corresponde a los tribunales de justicia, y hasta la época, por lo menos hasta el análisis de que las causas que se hizo una a una de la manera como ya lo explicité, darían cuenta que serían delitos comunes, o sea que están asociados a una figura penal, a un tipo penal que está consagrado en el Código Penal”, sostuvo.

Respecto a las prisiones preventivas para agentes del Estado, se contabilizaron 21 en el lapso estudiado, de los cuales, al 11 de diciembre, once permanecen en reclusión por presuntos delitos contra los derechos humanos, como apremios ilegítimos.

Respecto al tiempo promedio de prisión preventiva, en este caso, alcanza los 232 días, mientras que para civiles, las 318 jornadas.

Justamente es esta situación la que ha causado debate al interior del proyecto de indulto, donde uno de sus autores, el senador de Juan Ignacio Latorre (RD), ha reiterado que es un problema que debe colocarse en análisis.

“Este es parte del problema, que nosotros, desde la comisión de Derechos Humanos, y con este proyecto de Ley de Indulto queremos poner sobre la mesa, no seguir escondiendo debajo de la alfombra estos problemas estructurales, sino que enfrentarlos y es el aporte que estamos haciendo desde el Poder Legislativo”, aseguró.

Cabe destacar que la Defensoría Penal Pública también ha puesto en cuestión este tema. Este lunes, por ejemplo, el defensor nacional subrogante, Marco Montero, afirmó que se ha desnaturalizado la prisión preventiva, lo que cambia la presunción de inocencia a una de culpabilidad.