Con la firma de diputadas y diputados de distintos partidos del Frente Amplio, PC, PPD y PS se presentó la tarde de este martes la ‘Agenda anti-represión’ que incluye la derogación de leyes utilizadas “arbitrariamente” por el Gobierno y la convocatoria a una mesa con expertos y organizaciones sociales a debatir y presentar propuestas sobre Seguridad Pública Integral.

La iniciativa consiste en un proyecto de ley que consta de tres artículos: uno que deroga la Ley de Seguridad del Estado (Decreto N°890 que fija el texto actualizado y refundido de la ley n°12.297); otro que deroga el artículo 268 septies del Código Penal (conocido como norma antibarricadas) y un tercero que deroga el artículo 12 de la ley 20.931, que se refiere al control preventivo de identidad.

El proyecto cuenta con las firmas de la bancada Revolución Democrática (Maite Orsini, Giorgio Jackson, Miguel Crispi, Catalina Pérez y Jorge Brito) más el patrocinio de las diputadas Claudia Mix (Comunes), Emilia Nuyado y Daniella Cicardini (PS), Cristina Girardi (PPD) y Boris Barrera (PC).

“Lo que buscamos es derogar leyes innecesarias que sólo han vulnerado los derechos fundamentales en materia de orden público, discriminan y han sido utilizadas con fines políticos. Buscamos más y mejor democracia, en conclusión, buscamos un Estado moderno y democrático”, señaló Orsini.

Con respecto a la Ley de Seguridad del Estado, los parlamentarios sostienen que la facultad exclusiva de invocarlo por parte del Presidente de la República genera arbitrariedades en la manera de perseguir penalmente, tal como ha quedado demostrado el último año y medio.

“Invocar esta ley para quienes lanzan una motocicleta a un río o un huevo a una autoridad pública y no hacerlo en contra de quienes amedrentaron a una fiscal es una muestra de la utilización política de esta herramienta”, sostuvo Jackson.

La medida es respaldada por algunos académicos y expertos en el tema, quienes además explican que esta ley tiene como origen la Ley de Defensa Permanente del Régimen Democrático, o también conocida como “La ley maldita”, que ha sido criticada por diversos organismos internacionales y otros, como el INDH.

Con respecto a la “norma antibarricadas”, los parlamentarios señalan que su derogación no tendrá gran impacto, ya que se mantiene el 269 del Código Penal que tipifica los desórdenes públicos, y que ella se ha usado de manera político comunicacional para enfrentar algunos hechos de violencia ocurridos en Chile desde el 18 de octubre de 2019 en adelante.

Finalmente, el texto busca derogar también el control preventivo de identidad aprobado en 2016 ya que se trata de una norma que no ha sido efectiva en la prevención de delitos y que solo contribuye a estigmatizar a sectores de la población conforme a la discrecionalidad de las policías.

En ese sentido, el diputado del PC, Amaro Labra indicó que el control preventivo de identidad “se trata de una herramienta altamente ineficaz en la persecución de los delitos, precisamente porque no se trata de una técnica de investigación, sino meramente de una regla pensada para subsanar los defectos de falta de prolijidad del trabajo de las policías”.

Según explicaron los parlamentarios, el porcentaje de efectividad bordea el 2% con más de 5 millones de controles anuales, según las cifras de los propios Carabineros en su Cuenta Anual 2019.

Finalmente, la diputada socialista, Daniella Cicardini, agregó que “estas leyes se han usado como un instrumento de populismo penal, para justificar la represión violenta, las detenciones ilegales para perseguir la lucha reivindicatoria del pueblo mapuche y criminalizar el movimiento social”.