La historia es así: el martes 14 de julio, en el marco de la tensa discusión del primer proyecto de retiro del 10%, el diputado Andrés Celis (RN) acusó a su correligionario Diego Schalper de haber ofrecido beneficios e incluso puestos de Gobierno a parlamentarios a modo de convencer a las suficientes personas para que la idea no prosperara.

La incriminación terminó en una investigación en contra de Schalper por parte de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía de Valparaíso, indagación que escudriñó la existencia o no de los delitos de extorsión y cohecho.

Esta denuncia le valió a Celis una ida al Tribunal Supremo de Renovación Nacional por una causa disciplinaria que contó con las firmas de los subsecretarios Katherine Martorell (Prevención del Delito) y José Ignacio Pinochet (Agricultura), proceso que el legislador pidió que se anulara.

¿Por qué el caso volvió a la palestra? Porque este miércoles el abogado Luis Mariano Rendón comunicó que la “Fiscalía no pudo establecer la inocencia del diputado Schalper frente a las acusaciones de cohecho del diputado de su mismo partido Andrés Celis”, razón por la cual no solicitó sobreseimiento de la causa.

No obstante, el Ministerio Público tampoco pudo reunir antecedentes suficientes para sostener una acusación en su contra.

Por ello, el órgano persecutor oficializó en una audiencia ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso su decisión de no perseverar.

“De cualquier forma, el trabajo de la Fiscalía y la PDI en este caso no ha sido en vano y lo agradezco. Todo este proceso ha servido para prender las alarmas respecto del fenómeno del cohecho de parte de los gobiernos que, a través del ofrecimiento de prebendas, como cargos para allegados, buscan influir en las votaciones de los diputados y senadores”, comentó Rendón, quien a título personal interpuso una querella en esta causa.

“Todos sospechamos que ello ocurre, pero hasta ahora no se había debatido judicialmente. De aquí en adelante quienes participen en este tipo de tratativas sabrán que se trata de algo abiertamente delictivo y que pueden ser sancionados penalmente si son descubiertos. Eso puede constituir un cierto desincentivo a este tipo de corrupción de la política”, valoró el abogado.

Respecto de lo esperable de los involucrados ante esta resolución, Rendón indicó que, “en el caso de Schalper, si valora en algo su honor, debiese interponer querella por calumnia contra Celis”.

“Lo que no debiese ocurrir es que parlamentarios den espectáculos de este tipo ante la ciudadanía, pero que todo sea como cachetadas de payaso, tras las cuales no pasa nada”, cerró.