En tercer trámite se encuentra la Ley de Reajuste al Sector Público, luego que fuera aprobada por la Sala del Senado y sufriera modificaciones.

Dentro de los cambios está el monto por el bono de término de conflicto, el cual sería de $97.657 para trabajadores que perciban una renta igual o menor a $721.187 pesos; y de $48.301 para remuneraciones iguales o inferiores a $2 millones.

Este beneficio será pagado – a más tardar – el próximo 31 de enero y abarcaría a cerca de 800 mil funcionarios.

Asimismo, por un acuerdo con el Ministerio de Hacienda, se amplió la cobertura del bono covid-19 tras la inclusión del Hospital José Joaquín Aguirre y de las Fuerzas Armadas, el cual será de $200 mil y podría llegar a 220 mil trabajadores.

Respecto al reajuste, que se sitúa como el menor en 10 años, este tendrá un alza nominal de 2,7% para las rentas iguales o menores a $2 millones y de 0,8% para las más altas.

Si bien se registró un debate por los denominados componentes miscelaneos de la iniciativa, que provocaron demora en el debate, la aprobación de un artículo – donde la oposición votó de manera dividida – causó polémica.

Se trata del numeral 80 – en el texto final – que busca permitir a la Dirección de Bienestar de Carabineros contratar seguros de defensa jurídica con motivo del desempeño de las funciones, que aplicará a personal que se encuentre en servicio activo y su vigencia podrá extenderse incluso después de dicho período en las condiciones que se establezcan en la respectiva póliza, explicó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

El diputado Patricio Melero (UDI), integrante del Comité de Hacienda de la Cámara, afirmó que el artículo no debería provocar gran debate, entre otras cosas, porque se trata de dinero que los propios carabineros cotizan.

Desde la oposición, en tanto, y pese a valorar los acuerdos registrados en el Senado, pidieron al Gobierno eliminar esta disposición con el objetivo que la iniciativa sea despachada.

El diputado Gabriel Silber (DC) sostuvo que ningún funcionario debiese tener este beneficio y aseveró que para eso está la Defensoría Penal Pública.

Según se indicó desde la Cámara, se espera que durante la jornada del martes 29 se revise el proyecto en Sala.