Este martes la comisión de Derechos Humanos del Senado comenzó con el trámite del proyecto presentado por cinco senadores de oposición, entre ellos, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, con el cual se pretende indultar a las personas que hayan sido detenidas y puesta a disposición de la justicia desde el 7 de octubre de 2019 hasta el día de la presentación de la iniciativa.

En la instancia expuso el ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien indicó que la iniciativa da cuenta de una “débil comprensión de los conceptos jurídicos” involucrados, ya que el proyecto debería considerarse como una amnistía.

“Advertimos que aquí hay una débil comprensión de los conceptos jurídicos fundamentales involucrados. Se habla de que éste es un proyecto de indulto general, y ¿qué es lo que hace el indulto?, el indulto (…) sea general, sea particular, lo que procura es (…) reducir o conmutar una pena, pero deja siempre vigente la calidad de condenado para la persona que es beneficiada”, sostuvo.

Junto al ministro expusieron los subsecretarios de la cartera: el de Justicia, Sebastián Valenzuela, y la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.

Esta última señaló que, en caso de aprobarse el proyecto, se dejaría en una total indefensión a las víctimas de los delitos cometidos presuntamente por las personas que están siendo enjuiciadas, recalcando que el Estado tiene la obligación respecto a estas personas.

Por ejemplo, se profundizó en el hecho de que, de aprobarse la iniciativa, podrían verse afectados procesos judiciales que pretenden indemnizar a las personas que se vieron afectadas.

Intervino también el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, quien indicó que ha existido un comportamiento asimétrico y una vulneración del principio de igualdad ante la ley por parte de los distintos poderes del Estado, lo que tendría un impacto en las prisiones preventivas decretadas. Por esta, y otras razones, Margotta indicó que se debe aplicar un indulto a estas personas.

Se sumó a las intervenciones Tania Parada, quien es pareja de Jordano Santander, quien fue detenido en San Antonio en el mes de marzo en medio de las manifestaciones, asegurando que no hay pruebas que sustenten los cargos imputados a Santander.

Por su parte, la senadora de la DC y una de las cinco firmantes de la iniciativa, Yasna Provoste, solicitó a la Fiscalía que se elabore un informe para conocer con exactitud cuántos detenidos hay producto de las manifestaciones que se dieron en el marco del estallido social.

Diversos argumentos en torno a una iniciativa que recién comienza su trámite y que, según lo establecido en la Constitución, requerirá de 22 votos para su aprobación.