Los siete generales (2 en retiro) de Carabineros que son objeto de un sumario administrativo que lleva adelante la Contraloría, interpusieron una demanda civil en contra de la institución fiscalizadora buscando frenar el sumario iniciado en su contra por las responsabilidades administrativas en el actuar de los uniformados desde el estallido social.
La acción judicial fue ingresada ante el 16º Juzgado Civil de Santiago y tiene por finalidad que el tribunal declare la nulidad de Derecho Público, a propósito de la formulación de cargos dictada por el fiscal instructor de la Contraloría, Carlos Soto Muñoz, en el marco del sumario administrativo en curso.
En la causa figuran como demandantes los generales de Carabineros Mauricio Rodríguez, director nacional de Personal; Enrique Bassaletti Riess, director nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales; Jean Camus Dávila, director de Logística; Hugo Zenteno Vásquez, jefe de la XI Zona “Aysén”; Eduardo Monrás Álvarez, jefe de la Zona de Carabineros Santiago Oeste; y los generales en retiro Jorge Ávila Corvalán, ex jefe Zona Control orden público e intervención y Jorge Valenzuela Hernández, ex director nacional de apoyo a las operaciones policiales.
En concreto, mediante la Demanda de Nulidad de Derecho Público patrocinada por el abogado Jorge Martínez Cornejo, los generales y exgenerales esgrimen que la Contraloría carece de la potestad disciplinaria para fiscalizar la conveniencia y mérito de los actos realizados por ellos en resguardo de la seguridad interior y el orden público.
“Los cargos levantados por la CGR en contra de los generales resaltan por su falta de precisión, certeza, exactitud, lo que lo hace constituir una imputación general, abstracta, exenta de toda determinación en cuanto a los hechos y la normativa propia de Carabineros de Chile que se estima infringida”, reza el texto.
Con todo, se trata de una nueva “ofensiva” de los siete generales, quienes anteriormente ya habían recurrido a la Corte Suprema acusando actuar ilegal y arbitrario por parte del contralor, Jorge Bermúdez, por la misma materia.
No obstante, desde la Contraloría han insistido en que tienen plena facultada para investigar administrativamente a la policía uniformada.
“La facultad de Contraloría General para perseguir responsabilidades administrativas en Carabineros de Chile se funda en el artículo 98 de la Constitución Política de la República, que le encarga el control de legalidad de los actos de administración”, dijeron en su momento a través de un comunicado.