El proyecto de indulto presentado por la oposición ha sido duramente criticado por las autoridades de gobierno por las consecuencias que podría tener de aprobarse. Dentro de los delitos incorporados en la iniciativa se encuentran algunos relacionados a quemar infraestructura como edificios y trenes, y también aquellos relacionados a saqueos.
Quien entró al debate sobre este tema es el Defensor Nacional, Andrés Manhke, quien a días de su salida dijo que los presos por el estallido social lo están por ilícitos y no por persecución política. Además dijo que todo se ha producido bajo el debido proceso.
“Los presos del estallido están vinculados a determinados hechos ilícitos que se les han imputado y que dicen relación no con una persecución política, sino con una persecución penal”, declaró a El Mercurio.
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Según el Defensor Nacional, de los más de 72 mil casos que atendieron desde el 18 de octubre de 2019, sólo 3 serían sujeto de indulto.
Manhke explicó que 16.600 personas detenidas entre el 19 de octubre y el 31 de diciembre por delitos vinculados al “estallido social”, de los cuales 1.360 quedaron en prisión preventiva y que actualmente sólo hay 68 en esa condición.
“De esos 68, hay 18 que fueron detenidos y no quedaron en prisión por los incidentes, sino porque tenían causas pendientes (…) De los 50 casos que están atendiendo hoy, sólo tres tienen como motivación principal la protesta social”, afirmó.
“Hemos puesto todos nuestros esfuerzos para revisar esas prisiones preventivas”, agrega.
Por su parte, el senador de Revolución Democrática e impulsor de la iniciativa, Juan Latorre, dijo que los delitos incluidos son parte de un catastro de casos que realizaron en conjunto a los familiares de los detenidos y señaló que es parte de la discusión legislativa que se debe dar.
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Mientras, el senador de la UDI y miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, Iván Moreira señaló que este proyecto se debe rechazar y que es una mala señal para el país.
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Esta semana debiera iniciar la discusión del proyecto de indulto humanitario en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, una iniciativa que desde La Moneda han rechazado, afirmando que en Chile no hay presos políticos.