Con 102 votos a favor, 32 en contra y 11 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el informe emanado desde la comisión mixta sobre el proyecto de Ley de Migración y Extranjería.

En la instancia se solicitó votación separada respecto al artículo octavo transitorio, el que permite la regularización de aquellas personas que hayan ingresado a Chile por pasos habilitados antes del 18 de marzo de 2020, cuando se cerró la frontera debido a la pandemia.

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Por ello, quienes no hayan cumplido con lo anterior deberán dejar Chile, volver a sus países y tramitar su documentación como normalmente ocurriría.

Ahora la discusión parte al Senado, donde atravesará su último trámite legislativo. Allí la votación se llevaría a cabo durante la jornada del jueves en la misma tónica que en la Cámara: voto separado para el informe y para este articulado en particular.

No obstante, la diputada Catalina Pérez (RD) hizo reserva de constitucionalidad argumentando que la medida infringe la Carta Magna y confirmó que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC), apelando a los derechos de niños, niñas, adolescentes (NNA) y trabajadores.

A su juicio, es grave que el artículo 132 del texto no garantice el derecho de NNA no acompañados “y los exponga a ser expulsados del territorio nacional, rechazados en frontera”.

También fue motivo de críticas por su parte que la medida no asegure la reunificación familiar, “infringiendo de esta manera el artículo 19, número 1, 3 y 7, letra C de la Constitución”.

“Nosotros hemos dicho que el problema que ha generado la política migratoria del Gobierno es que por una lado no se hace cargo (…) del fenómeno. Lo que va a terminar produciendo es mayor irregularidad y eso dificulta la política pública tanto de quienes queremos garantizar los Derechos Humanos de la población migrante como de quienes quieran que ingresen menos”, dijo la diputada.

“La irregularidad produce materia de vulneración de Derechos Humanos que están asociadas a la propia reforma del Gobierno: afectación del derecho de libre circulación, acceso a derechos sociales y los de mujeres y NNA a la hora de evaluar retorno asistido, o también el principio de no devolución”, añadió.

A su juicio, se deberá esperar a que llegue otro Gobierno para que esa administración corrija esta situación.

Gobierno contento

Desde el actual Ejecutivo, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, celebró la aprobación de la Cámara y recordó que han sido ocho años de tramitación, desde la primera administración Piñera.

Al mismo tiempo, aseveró que la idea tiene “una aproximación moderna, del siglo XXI” y que ahora el Estado tendrá la capacidad de abordar la migración con una institucionalidad fortalecida.

“La señal que ha dado la Cámara ha sido muy clara en darle un impulso a esta legislación que lleva ocho años de tramitación y vemos con mucho optimismo lo que ocurra mañana o esta semana en el Senado”, añadió.