ARCHIVO | Agencia UNO

ME-O se encontraría inhabilitado para sufragar y no podría incursionar en eventuales candidaturas

20 noviembre 2020 | 13:25

El excandidato presidencial y militante de Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, se encontraría inhabilitado para sufragar. Dicha condición lo apartaría de eventuales incursiones políticas, como participar de la convención constitucional, el parlamento o el sillón presidencial.

El equipo de Enríquez-Ominami señaló que la inhabilitación es reciente, pues éste se encontraba habilitado para sufragar en el pasado plebiscito del 25 de octubre, según recogió La Tercera.

“Llevo seis años de investigación, seis años sin juicio, seis años sin condena, claramente existe una vulneración al derecho a ser juzgado en un plazo razonable”, declaró MEO en una misiva enviada al medio.

En tanto, su abogado, Octavio Sufán, señaló: “A mi representado, Marco Enríquez-Ominami, debe presumírsele inocente. Si se hubiese hecho el juicio oportunamente, tendríamos una sentencia absolutoria. Sin embargo, por dilaciones innecesarias, no ha existido la oportunidad ni el derecho de poder acudir a un juicio oral, público y contradictorio”.

“Vamos a agotar todas las instancias judiciales y administrativas que correspondan para restablecer el imperio del derecho. Marco Enríquez-Ominami es inocente, tiene un estado de inocente y el Estado debe presumirle como tal”, agregó.

Asimismo, señaló que “el sistema Interamericano ha señalado claros estándares respecto del ejercicio de los derechos políticos y claros estándares respecto del derecho a ser juzgado en un plazo razonable y del debido derecho en general. Bajo esos estándares, nos regiremos para ejercer todas las acciones necesarias para que al señor Enríquez-Ominami no solamente se le presuma, sino que se le respete su estado de inocencia”.

Recordemos que Enríquez-Ominami debe enfrentar un juicio por eventual fraude de subvenciones por el caso OAS. De igual forma, el exabanderado fue formalizado por presuntamente haber facilitado la emisión de 36 facturas ideológicamente falsas a SQM Salar, además de otras dos a Soquimich, por un monto que se acerca a los $420 millones, según antecedentes de la Fiscalía.