El ministro secretario general de la Presidencia, Cristian Monckeberg, en la sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados de este miércoles, presentó formalmente una reserva de constitucionalidad de La Moneda en la discusión en particular del proyecto de reforma constitucional que busca un segundo retiro de fondos previsionales.

En medio del desarrollo de la instancia parlamentaria, presidida por el diputado Matías Walker (DC), el titular de la Segpres acusó que el proyecto presenta al menos 4 infracciones a la Constitución, cuyo planteamiento les permitiría acudir al Tribunal Constitucional a impugnar la ley si eventualmente esta se aprueba en el Congreso.

Particularmente, según detalló el subsecretario de la cartera, Juan José Ossa, apuntan que -en primer lugar- se trata de una iniciativa exclusiva del Presidente de la República; y asimismo, el Ejecutivo cuestiona que la creación de un bono para afiliados, pues “todo gasto con cargo a los fondos de la nación debe indicar fuente de financiamiento y el presente proyecto no lo establece”.

En tanto, también planteó sus objeciones respecto a la posibilidad de retiro del 10% a los pensionados con renta vitalicia; es decir, quienes reciben su pensión en base a un contrato con una aseguradora privada, a quienes -según el Gobierno- se les vulnera su derecho a la propiedad.

Por su parte, también reclamaron una infracción al debido proceso debido a una disposición introducida que establece sanciones a las AFP que no cumplan con la señalado. En opinión del Gobierno, aquello “atribuye a la autoridad una serie indefinida de potestades sancionatorias, sin que exista un procedimiento ni sanción para ello”.

Tras plantear su posición, dejaron constancia de ello en el acta de la sesión y en la historia de la ley, y -por su parte- el diputado Walker recordó que el proyecto fue declarado admisible por el presidente de la Cámara, Diego Paulsen, y que “al ser proyectos de reforma constitucional son perfectamente constitucionales”, aunque sin perjucio del derecho que tiene el Gobierno de recurrir al TC.