Las Fuerzas Armadas y de Orden investigan la presunta obtención fraudulenta del Bono Clase Media por parte de sus funcionarios. Diputados de Chile Vamos pidieron a Contraloría pronunciarse sobre la eventual comisión del delito en reparticiones públicas, mientras la oposición cree que se debería aplicar un criterio general.
De los 37 mil funcionarios públicos que accedieron al beneficio de $500 mil sin cumplir con la caída de un 30% en sus ingresos de julio, 230 serían del Poder Judicial, 1.370 de Carabineros y 48 de la Policía de Investigaciones.
En Gendarmería, confirmaron a La Radio que se abrió una investigación sumaria contra un grupo indeterminado de funcionarios.
En las Fuerzas Armadas, el Ejército también investiga la obtención fraudulenta del beneficio por parte de sus funcionarios.
En la Armada y la Fuerza Aérea aseguran no contar con un catastro al respecto, aunque la institución naval aclaró que les informó a sus funcionarios que el bono “no les correspondía”.
Al respecto, el diputado UDI, Jorge Alessandri, apuntó que la Contraloría debe pronunciarse respecto de la legalidad en el caso particular de los trabajadores públicos, y no descartó que los uniformados deban ser dados de baja.
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En la DC, el diputado Gabriel Silber, cree que no debiera haber una mayor diferencia respecto del sector público y el sector privado.
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De acuerdo al Servicio de Impuestos Internos, de las 437 mil personas que solicitaron el beneficio sin cumplir los requisitos, cerca de 15 mil ya lo han devuelto a la Tesorería General de la República.
El plazo final para devolver los recursos o bien rectificar la situación, es hasta el próximo 30 de noviembre.