El Servicio de Impuestos Internos (SII) aceptó una apelación realizada por el Grupo Penta, para que lo gastado en sus abogados fuera considerado como gastos necesarios y fuera descontado del cálculo para el pago de impuestos.
De esta forma, Penta logró que el SII rebajara los $1.400 millones que gastó en abogados durante los casos de financiamiento irregular de la política y delitos tributarios, del monto total sobre el que se calcularon sus impuestos del año tributario 2018, consignó el portal Ciper.
La empresa ha estado involucrada desde 2015 en casos por delitos tributarios y financiamiento irregular de la política, en investigaciones que terminaron en condenas para sus controladores Carlos Eugenio Lavín y Carlos Délano.
Una decisión que causó molestia al interior del SII, especialmente en funcionarios de la institución, que no entendieron por qué se aceptó el beneficio, considerando que en primera instancia se demostró que el Grupo Penta actuó con dolo para defraudar al fisco.
“La jurisprudencia y las normas vigentes en el año tributario 2018 indican que una empresa puede rebajar de su base imponible sus gastos en un juicio, pero solo cuando se trata de un juicio inevitable (…) Pero si se demuestra que la empresa actuó con dolo para no pagar sus impuestos, si sus dueños o ejecutivos tuvieron la intención de defraudar, ese no es un juicio inevitable y no corresponde darle la rebaja”, indica un funcionario del SII.
Incluso, originalmente en febrero de 2020 el SII descartó que este gasto en abogados fuese “necesario”, incluyendo los $1.400 millones al cálculo total de impuestos que debía pagar el Grupo Penta, pero apelaron a la decisión.
Esta apelación también logró que la dieta dada a los controladores de Penta pasaran de ser consideradas “pagadas en exceso” a que fueran descontadas del cálculo de impuestos por más de $600 millones.
Desde Penta indicaron que en la apelación el SII aceptó el 80% de los gatos objetaron, pero que ellos consideraban que se debió aceptar un 100%.
“Inicialmente se le objetaron gastos por $2.534 millones de pesos presentados en el ejercicio 2017 (año tributario 2018), los cuales a juicio de la empresa fueron registrados correctamente en su contabilidad. Por ello, segura de la improcedencia del criterio aplicado, presentó un recurso de reposición ante el mismo SII, el cual acogió la postura de la empresa, aceptando más del 80% de los gastos presentados. Si bien la empresa considera que debieron ser aceptados el 100% de los gastos, dado que mayoritariamente se acogió su postura, optó por aceptar lo decidido por el SII y no presentar nuevos recursos”, expresaron desde Penta.
Por su parte, desde el SII indicaron que existe jurisprudencia al respecto y que sólo se aceptaron los gastos correspondientes a la defensa del grupo empresarial y no de los controladores.
Se “tomó en consideración antecedentes entregados por el contribuyente que estaban en línea con definiciones normativas adoptadas con anterioridad, por ejemplo, en lo relacionado con que los honorarios por concepto de defensa judicial son reconocidos como gastos necesarios para producir renta cuando dicen relación con la defensa de la actividad del contribuyente. De esta forma, solo se aceptaron los gastos correspondientes a la defensa judicial del grupo empresarial y no de sus controladores”, explicaron del SII.