Durante este viernes el ministro del Interior, Víctor Pérez, se refirió al escrito que presentó su defensa en el contexto de la acusación constitucional que se debate en la Cámara de Diputados.
De acuerdo a los abogados Mario Rojas y Alejandro Espinoza, la acusación constitucional presentada por diputados de oposición no cuenta con los antecedentes necesarios, porque argumenta a que Pérez tiene el control del orden público, ignorando que eso no es así bajo Estado de Excepción Constitucional.
“El libelo incurre en el grueso error jurídico de atribuir al Sr. Ministro acusado la obligación legal de control de orden público, ignorando el texto actualmente vigente del Decreto Supremo N° 104, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, promulgado el 18 de marzo de 2020, que declara ‘estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el territorio de Chile””, sostiene la defensa.
Ese punto en particular habría incomodado en el Ministerio de Defensa, razón por la que el titular de esa cartera, Mario Desbordes, habría incluso elevado su malestar al presidente, Sebastián Piñera.
Consultado al respecto en una pauta donde precisamente se encontraba también Desbordes, el ministro Pérez indicó que no hubo intención de responsabilizar a otras secretarías de Estado.
“Para nada. Lo que está en el escrito es sólo la transcripción de una norma constitucional y legal para demostrar que quienes redactaron la acusación no tuvieron el rigor para fundarla jurídicamente. Por lo tanto, a reglón seguido, junto con establecer con absoluta claridad y nitidez que hay una falta de rigor jurídico, se asumen y analizan cada unos los hechos por los cuales se funda”.
Ese argumento también había sido criticado más temprano por la oposición, desde donde lo tildaron de insólito y peligroso para el país.
“Señalar que a partir del 18 de marzo ya no tenemos gobierno civil, sino un gobierno de distintos jefes militares que han asumido la conducción en determinados territorios, asumir eso es peligrosísimo para el país”, esgrimió el diputado DC, Gabriel Silber, uno de los firmantes del libelo.
Sin embargo, el titular de Interior insistió en bajarle el perfil a ese apartado de la defensa, enfatizando en que “la acusación está jurídicamente mal planteada y por lo tanto lo que se hace es representar con claridad las inconsistencias jurídicas”.
“Es sólo la transcripción de una norma legal para demostrar que quienes redactaron la acusación no tuvieron el rigor para fundarla jurídicamente”, subrayó.
Respecto al fondo de la acusación, el jefe de gabinete sostuvo que durante el paro de los camioneros no hubo de parte del Gobierno ninguna transgresión a las normativas.
Junto con ello, remarcó que “en el paro de camioneros no se generó ninguna alteración del orden público que ameritara la presentación de la Ley de Seguridad Interior del Estado”.