Turbus, empresa fundada en 1948 dedicada al rubro del transporte de pasajeros, se encuentra pasando por un difícil momento. Los cuatro hermanos Diez González se reúnen cada viernes vigilando de cerca la dura situación financiera por la que atraviesa la empresa.

Las reuniones se sostienen desde marzo, mes en que los más de 1.500 buses de la compañía se paralizaron producto a la crisis sanitaria que envuelve al país, según informó La Tercera.

Fue en ese contexto que se decidió, bajo mutuo acuerdo, acoger a 2.600 trabajadores de la empresa a la Ley de Protección de Empleo. La aplicación de dicha normativa tiene a la empresa en un momento complicado.

Durante los últimos siete meses el clan Diez ha sostenido a la empresa con más de US$15 millones, costeando el déficit que genera la empresa cada mes.

José Antonio Errandonea, director ejecutivo, asegura que si no existiera el aporte de los dueños, la empresa ya habría tenido que declararse en quiebra o iniciar un proceso de liquidación de activos.

Es así que gracias a otros negocios —como lo son la importadora de repuestos para buses y camiones Caren y la heladería Coppelia y Contempor— el clan ha logrado mantener a flote la empresa.

Pese a la activación de los buses en carretera en agosto y la autorización durante las últimas semanas por parte del Gobierno a realizar viajes interregionales, los números aún son negativos, y el aporte de los sostenedores está llegando a un punto cúlmine.

La problemática se agrava en noviembre, pues corresponde reincorporar a los trabajadores suspendidos por la normativa de la Ley de Protección al Empleo, debido a que ya se agotaron los siete giros con cargo al seguro de cesantía que admite la Ley.

A esto se suma que la empresa no cumple con los requisitos para extender dicha suspensión hasta enero de 2021.

Errandonea señaló que “lo que ha permitido a esta industria sobrevivir en este tiempo ha sido la Ley de Protección al Empleo. Se hizo una extensión a la normativa que se promulgó a principios de septiembre. Esta, que en el titular se leía como una extensión de cinco meses, solo considera a los trabajadores que están suspendidos por acto de autoridad, que es aquella circunstancia donde, por alguna razón de carácter sanitario, como una cuarentena, ciertos negocios tienen que dejar de operar. No se permitió la extensión, en la práctica, porque no está financiada para las suspensiones de mutuo acuerdo”.

Solicitando apoyo

El contexto ha obligado a la empresa a salir en busca de apoyo en ministerios. Durante la última semana se realizó una reunión junto con asesores del ministerio del Trabajo con motivo de dar a conocer la situación que los aqueja, instancia donde se solicitaron a los personeros que sus empleados puedan continuar amparados bajo la Ley de Protección al Emepleo.

Durante el jueves personeros de los gremios de buses, como también ejecutivos de Turbus, llegaron hasta el Ministerio de Economía a entregar una misiva donde detallaron el duro momento que atraviesa la industria, que contempla a 35 mil trabajadores.

Esta semana recurrirán al Ministerio de Hacienda, oportunidad en que los ejecutivos de Turbus tendrán una cita con el subsecretario Francisco Moreno.

Pese a todas las gestiones, hasta ahora no han logrado obtener una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades de Gobierno.

Es por lo anterior que desde la empresa ya trabajan en un plan alternativo. A dos semanas de noviembre, donde tendrán que reincorporar a 2.600 trabajadores suspendidos, el tiempo apremia.

Si el escenario no cambia para la firma, tendrán que iniciar su tercer proceso de desvinculación en lo que va del año.

Al respecto, Errandonea señala que han sido “muy transparentes con nuestras organizaciones sindicales: teníamos la capacidad de sostenerlos mientras la Ley de Protección al Empleo estaba vigente, si no está vigente, la realidad es que tendríamos que hacer una reducción adicional de personal, porque necesitamos una dotación más acorde con los niveles de venta actuales. No llegar a la dotación para operar hoy, pero sí a una que necesitaríamos de acá a unos nueve meses más”.

Dicha dotación probablemente será inferior a los 4 mil empleados que actualmente en la empresa, la es un 30% inferior a la que existía en diciembre de 2019, cuando el personal alcanzaba a los 6 mil trabajadores.

“Como ejecutivos, ya hemos alertado a los dueños de la empresa que si no cambia la situación, tendríamos que hacer reducciones adicionales de personal” señala el ejecutivo, agregando que “esos finiquitos se financiarían con créditos directos desde la empresa, o pueden ser aportes de la familia a través de flujos de caja de otros negocios”.