La Contraloría iniciará un juicio de cuentas en la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval), cuyo titular es el alcalde Jorge Sharp, para recuperar 931 millones de pesos por el supuesto mal uso de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) y que fue destinada a la compra de distintos elementos para dos liceos de la comuna.
El organismo fiscalizador, al mismo tiempo, envió los antecedentes al Ministerio Público, atendido que los hechos podrían revestir caracteres de delito, en particular una presunta malversación de caudales públicos.
La información consta en una reciente auditoría a la que accedió la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, donde la entidad revisora ordenó también la realización de un sumario para establecer posibles faltas administrativas.
Lea el informe
El documento apunta al período que va desde el 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2019.
De acuerdo a los antecedentes que constan en la revisión, parte de los dineros se derivaron a la compra “de buzos, poleras, corbatas, insignias, agendas, colaciones, empanadas, tortas, desayunos, almuerzos y por los servicios prestados” por los liceos María Luisa Bombal y el Técnico de Valparaíso.
Respecto de este último establecimiento, se descubrió que el director administra una empresa que prestó servicios generando cerca de $180 millones como ganancia, establece la auditoría.
No es todo, porque la Contraloría descubrió que alumnos de ambos centros educacionales fueron utilizados “para trabajar como garzones y cocineros, siendo menores de edad y sin autorización expresa para efectuar esa actividad”.
Atendido lo anterior, los antecedentes también fueron derivados a la Defensoría de la Niñez para que adopte las medidas que en derecho correspondan.
“Recurrir a alumnos para labores de garzón o envolvimiento de colaciones no se relaciona con la enseñanza del colegio. Aunque los alumnos recibieron un pago por dichas actividades tanto en el Liceo María Luisa Bombal como en el Liceo Técnico de Valparaíso no son propias de lo que indica ley que rige a la Cormuval”.
Otro de los hechos acreditados, es que los liceos obtuvieron “ingresos por la venta de los productos y la prestación de los servicios ya señalados por la suma de $490.649.302, y que, de esa cifra, un total de $394.153.169 corresponde a compras que fueron realizadas por la propia Cormuval”, provenientes de de recursos destinados a la educación pública.
Defensa
La institución porteña defendió su actuar, asegurando que los jóvenes que prestaron servicios en matrimonios, coffe break, entre otros eventos, recibieron entre 12 a 20 mil pesos por jornada. Añadió que los jóvenes contaban con la autorización de sus padres, pero en el informe la Contraloría asevera que dichos documentos no fueron encontrados.
La Cormuval insistió que en los colegios existe un “polo productivo” relacionado con las áreas de formación técnicas de los jóvenes en los liceos.
“Indica que los polos productivos se definen como entes relacionales a lo docente, pues deben generar en todo momento -ya sea a través de pasantías, refuerzos o prácticas alternas-, un espacio de formación educativa para estudiantes en formación técnica”, detalla el informe.
Versión parlamentaria
Respecto al informe, el diputado Andrés Celis , quien denunció los hechos hace más de un año, aseguró que “este informe confirma las gravísimas prácticas al interior de la Corporación Municipal de Valparaíso y en esos dos liceos, los cuales fueron utilizados como máquinas operadoras de servicios que luego vendían a la propia CORMUVAL, algo absolutamente impropio, poco probo y respecto del cual el Alcalde debe responder a la brevedad.
“Di a conocer estos hechos, hace más de un año, a cuatro organismos públicos a quienes correspondía intervenir; la Contraloría, de la cual emana este completo informe, la Superintendencia de Educación, la Seremi del ramo y la Defensoría de la Niñez. Lamentablemente, la Seremi no hizo nada, sólo señaló que estos hechos eran de cargo de la Superintendencia”, indicó.