Este miércoles, los diputados Camila Flores (RN) y Juan Antonio Coloma (UDI) denunciarán a la Contraloría General de la República (CGR) ante un organismo internacional debido al sumario que el órgano liderado por Jorge Bermúdez sustancia contra Carabineros.
Lo anterior, con un documento de dos páginas ante la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacef) a modo que revisen su “parcialidad”.
La medida surge tras un reportaje de la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío en el cual se reveló que la CGR formuló cargos contra siete generales del Alto Mando por su eventual responsabilidad administrativa en los procedimientos ocurridos desde el 18 de octubre en adelante en las calles de Chile.
“El contralor ha demostrado una clara intencionalidad política en contra de Carabineros, porque, en la realidad, este sumario no se inició por las más de 450 denuncias que dice haber recibido, sino por 12 de ellas”, dijo Coloma a Canal 13.
“Seis de las cuales no establecen hechos concretos ni que obliguen a asumir responsabilidad, ni manifiestan posibles culpables. De las otras seis, al menos la mitad ya se encuentra en investigación, ya sea en Carabineros o en la justicia”, explicó el legislador.
¿Qué dice el texto?
En el documento, ambos diputados reconocieron que una Contraloría eficaz y robusta es un elemento central en un estado de derecho, el funcionamiento de la democracia y los actores que confluyen en ella.
Por ello, a su juicio, “es menester destacar que en Chile hemos sido testigos de un inédito hecho, a saber, inicio del procedimiento sancionatorio dirigido por la Contraloría General de la República en contra de altos mandos de las fuerzas policiales de nuestro país exigiendo responsabilidad administrativa a dichos funcionarios por el actuar de la policía en momentos de altísima tensión social donde se suscitaron graves episodios de violencia y delincuencia que pusieron al país en un estado de alteración del orden público evidente y que se sostuvo por varias semanas”.
“Hechos, por lo demás, que se encuentran en investigación por el órgano persecutor chileno, quienes ejercen la acción penal y persiguen las responsabilidades penales de quienes han transgredido el ordenamiento jurídico”, añadieron.
“La actuación de la Contraloría General de la República constituye un actuar inusual, que es lejana a su expertis, y de la que no podemos anticipar las consecuencias para el devenir de nuestra institución policial”, advirtieron.
“Con todo, queremos dejar en claro que respetamos la institucionalidad del Contraloría General de la República y reconocemos la tremenda labor que cumple en pos del resguardo de la legalidad y transparencia y la función pública. Sin embargo, creemos que dicha actuación debe ser siempre imparcial, aplicando el control de legalidad de forma estricta e igualitaria a todos quienes se encuentran bajo su vigilancia”, cerraron.
La medida será interpuesta esta jornada, pero no hay un plazo específico para que los denunciantes reciban respuesta por parte de Olacef.
Al respecto, Flores adelantó que el tenor de la determinación del ente los llevará a analizar los conductos a seguir.