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Al menos dos exmilitares condenados por violaciones a los Derechos Humanos durante el régimen de Augusto Pinochet, están habilitados para concurrir a votar, según datos del Servel.
El Servicio Electoral se encuentra trabajando a toda máquina para el Plebiscito del próximo 25 de octubre, en donde se definirá el futuro de la actual Constitución.
Más de 14 millones de chilenos podrán concurrir a las urnas para aprobar o rechazar el cambio en la Carta Magna, así como también eventualmente la modalidad, si es a través de una Convención Constituyente o una Convención Mixta.
Cabe destacar que la ley establece ciertas restricciones para poder ejercer el derecho a voto, que tiene que ver con no haber sido condenado a una pena aflictiva, es decir, tres años y un día de cárcel.
Sin embargo, tras una revisión del padrón realizada por BioBioChile, aparecen el exgeneral Juan Emilio Cheyre, y Manuel Contreras Donaire, exsuboficial Mayor de Ejército, pese a que ambos fueron condenados a penas aflictivas por violaciones a los Derechos Humanos.
En el caso de Cheyre, la Justicia lo condenó por el caso Caravana de la Muerte, transformándose en el primer ex comandante en Jefe del Ejército en ser sancionado por violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura.
De acuerdo al fallo, la sentencia para el general retirado fue de 3 años y 1 día de libertad vigilada, puesto que disminuyó su grado de participación, pasando de cómplice a encubridor.
En detalle, Cheyre encubrió 15 homicidios ocurridos el 16 de octubre de 1973, en el paso de la Caravana de la Muerte por La Serena.
Recordemos que además Cheyre fue miembro del Servel entre 2012 y 2017, tras ser designado durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, con acuerdo del Senado. Incluso fue presidente del organismo entre febrero y agosto de 2013.
En el caso de Contreras Donaire, el exmilitar fue condenado a 8 años de cárcel como uno de los autores materiales del homicidio del dirigente sindical Tucapel Jiménez, en febrero de 1982. Aunque, el entonces presidente Ricardo Lagos Escobar lo indultó en 2005.
De acuerdo a la Constitución vigente, el artículo 17 de su capítulo “Nacionalidad y Ciudadanía” especifica que las personas que han perdido su calidad de ciudadano por una condena de pena aflictiva, pueden recuperarla “una vez extinguida su responsabilidad penal”.
Consultados al respecto, desde el Servel aseguran que no han recibido la información respectiva desde el Poder Judicial, respecto a la eventual inhabilitación de estas personas.
“En los registros de sentencias penales digitalizados con los que cuenta el Servicio Electoral desde la inscripción automática en adelante (año 2012), no figura ninguna comunicación para las personas indicadas y consultadas”, puntualizaron.
Consultados por la situación del exalcalde de Providencia, Cristián Labbé, BBCL confirmó que fue sentenciado a tres años de cárcel, lo que lo habilita legalmente para votar.
Las críticas de familiares de víctimas de violación a los DDHH
Maja Jordan, hermana del médico Jorge Jordan Domic, una de las víctimas del paso de la Caravana de la Muerte por La Serena, cuestionó duramente la situación que involucra al excomandante del Ejército.
“Encontramos que esto es una ofensa muy grande porque Cheyre atentó contra la democracia y los Derechos Humanos y hoy hay familiares que no podrán votar justamente por los crímenes cometidos por los militares”, criticó.
“Además, el 25 de octubre es un día muy importante para el país y la presencia de quienes son asesinos nos duele. Molesta profundamente que ellos tengan ese derecho”, sostuvo.
“Creo que el Gobierno y el Servel deberían darnos una explicación, porque esto demuestra los privilegios que sigue teniendo y gozando, y no sé si esto tiene que ver con que perteneció al Servel o porque es Juan Emilio Cheyre”, agregó.
En ese sentido, Maja Jordán apuntó a la deuda pendiente que existe con los distintos casos de violaciones a los Derechos Humanos y en especial, los detenidos desaparecidos.
“Hay una deuda pendiente, se han muerto papás, hijos, hermanos de familiares víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, sin justicia. Nos duele porque no hemos podido cerrar el duelo porque yo creo que eso viene con Justicia y verdad, que es lo más importante, y no ha llegado porque todo es a medias”, sentenció.
Al respecto, el abogado de Derechos Humanos, Cristián Cruz, querellante en la causa contra Cheyre, insistió en el pasado de Cheyre como miembro del Servicio Electoral.
“Es extraño que siendo él parte del Servel, conocida públicamente su procesamiento, acusación y sentencia, sus amigos del Servel no hayan cumplido con la ley e impedido que este personaje tenga el derecho a sufragar el 25 de octubre, que es cuando los chilenos tenemos la posibilidad de deshacernos de la Constitución de Pinochet y los militares”, sostuvo.
“Acá no ha fallado la ley, acá lo que ha fallado son las instituciones, y la directiva del Servel creo yo debe dar una explicación seria y de cara al país por este grave hecho”, concluyó.
Diputado Jiménez: Donaire debería estar preso
Mientras, el diputado Tucapel Jiménez, hijo del asesinado dirigente de la ANEF, se refirió al caso de Contreras Donaire apuntando al tema de fondo respecto a que los condenados por violaciones de Derechos Humanos deberían estar tras las rejas.
“Yo lo encuentro lamentable porque Donaire es una persona que todavía debería estar preso, no debería estar en libertad, entendiendo que recupera su derecho una vez que se le indulta. Pero para mí y para muchas personas, él debería seguir preso. Ahí se produce un contrasentido para muchos de nosotros”, lamentó.
“No se puede hacer mucho porque una vez recuperada la libertad, porque según entendemos, se extinge la responsabilidad penal. Pero la pregunta es mucho más de fondo, si él debiera estar libre o no y ahí hay un vacío sin respuesta que nadie lo entiende que una persona como él esté libre hoy día en nuestro país”, cuestionó.
“De repente hay un criterio bien inentendible en el Poder Judicial, uno ve que personas con delitos menores se van cinco años de prisión y en el caso de mi papá, el fiscal Torres Silva recibió una condena de 800 días siendo cómplice de un crimen, y Contreras Donaire tuvo 8 años de condena y salió indultado mucho antes, entonces yo no sé si son las leyes, yo creo que también es el criterio que aplican los tribunales de Justicia que lamentablemente es muy injusto, justicia para algunos y para otros se aplica de diferente manera”, concluyó el parlamentario PPD.
