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Por no acreditar las razones expuestas en las cartas de despido, la justicia dictaminó que una serie de desvinculaciones en la entidad -presidida por la primera dama Cecilia Morel- fueron de carácter injustificado y arbitrario, las cuales coincidieron además con el alza de sueldos a personal de confianza política. Una seguidilla de disputas que hasta el momento han costado 250 millones de pesos.
La Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu) acumula un total de 10 resultados adversos (7 terminados en avenimiento y 3 fallos en contra) por los que tendrá que desembolsar indemnizaciones por 54,7 millones de pesos y otros 200 millones adicionales por concepto de finiquitos a causa de demandas por 19 despidos injustificados, improcedentes y/o discriminatorios, ejecutados desde 2018 a la fecha, durante el segundo mandato de Sebastián Piñera.
A ello se suman tres casos restantes, que tienen audiencias fechadas para este martes 8 y el miércoles 16 de septiembre, y que deberían resolverse antes del término de 2020.
La institución sin fines de lucro, que forma parte de las 7 fundaciones de la Presidencia de la República encabezadas por la primera dama Cecilia Morel Montes -Fundación de la Familia, Orquestas Juveniles e Infantiles, Artesanías de Chile, Chilenter, Integra y Tiempos Nuevos- es financiada con fondos públicos y, en específico, actualmente está a cargo de Paola Diez Berliner, directora ejecutiva de la entidad.
Según consta en un total de 13 causas tramitadas en el Primer y Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago (6 y 7 respectivamente), ratificadas por cortes superiores, Prodemu no logró acreditar la causal de “necesidades de la empresa”, con la que -según consta en los expedientes publicados en la página web del Poder Judicial- intentó aducir infructuosamente que “la fundación está en proceso de racionalización o modernización, asociado a un déficit presupuestario por una deuda de arrastre proveniente del anterior gobierno”.
En uno de los últimos juicios pendientes, correspondiente al despido del excontador nacional de Prodemu, Javier Ponce, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la fundación y ratificó la sentencia de primera instancia que declaró no acreditado el déficit presupuestario al que hacía referencia el Gobierno, según se evidenció en los Estados de Posición Financiera generados por Prodemu. Adicionalmente, tampoco se acreditó la reestructuración organizacional como argumento de los despidos, sino que los puestos vacantes fueron ocupados por contrataciones nuevas o están en dicho proceso mediante la publicación de oferta de empleo.
Asimismo, la decisión sobre los despidos coincidió con la de subir los ingresos del personal de confianza política, entre ellos: el director de personas, Cristian Canales, desde $2.700.000 hasta $3.380.975; la directora de comunicaciones, Florencia Cummins, desde $2.700.000 hasta $3.380.975; la directora de programas, María Gracia Toro, desde $3.000.000 hasta $3.120.000; el director de finanzas, Álvaro Vallejo, desde $3.120.000 hasta $3.380.975; y el director de tecnología e innovación, Cristian Montero, desde $1.300.000 hasta 3.120.900.
De paso, se crearon los siguientes cargos de confianza política: subdirectora de personas, María Cecilia Valdivia (ingreso mensual de $2.392.692); subdirectora comunicaciones, Paola Zalaquett ($1.851.679); subdirectora de programas, María José Madariaga (cuyo ingreso inicial era de $1.800.000 y subió a $3.120.900); y subdirector de administración y finanzas, Jorge González ($2.392.000).
A raíz de lo anterior, la directiva del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de Fundación Prodemu, a través de su presidenta Oriana Rengifo, acusó que “esta administración ha sido muy errática en todos los sentidos, pero lo que realmente preocupa es la forma en que se gasta el presupuesto. Se desvincula trabajadores técnicos y expertos en temáticas de género, para contratar nuevos cargos directivos, como por ejemplo subdirectores en todas las direcciones, cargos de confianza como asesores o contrataciones para cargos técnicos sin título, sin experiencia y sin conocimiento en temáticas de género”.
“Antes, participar de un concurso para ingresar a Prodemu requería título profesional afín, 5 años de experiencia en cargos similares y conocimiento de género. Hoy, este requisito es apenas ‘deseable’, lo que está desprofesionalizando el quehacer institucional”, añadió.
Además, la agrupación cuestionó “el carácter centralista de la administración, ya que, en vez de fortalecer la presencia de los equipos territoriales en todo el país, se han aumentado los cargos del nivel central. Esto parece una contradicción fundamental de la institución, ya que nuestro quehacer se fundamenta en el contacto directo que tienen los equipos de trabajo con las mujeres de todo el territorio nacional”.
“No es una decisión de Prodemu”
Por su parte, ante el abultado número de demandas en la institución, Diez, directora ejecutiva de Prodemu, respondió que “la judicialización de un despido responde al legítimo derecho que tiene todo trabajador de ejercer las acciones judiciales que estime pertinentes, no es una decisión de Prodemu”.
Asimismo, subrayó que “todas las desvinculaciones de trabajadores realizadas por Prodemu son respaldadas por las causales legales que corresponden, siempre pagando íntegramente al extrabajador las prestaciones a que tiene derecho, como la indemnización por años de servicio, aviso previo, feriado legal y siempre con la cancelación de todas las cotizaciones previsionales. En todo caso, durante el 2020 no ha habido despidos judicializados”, aseguró.
En ese contexto, Giorgio Marino, experto en legislación laboral de la división soytrabajador.cl, comentó que “es impresionante que en el país se use de manera tan arbitraria la causal de ‘necesidades de la empresa’ para despedir personas, como si la ley laboral no exigiera requisitos comprobables de lo que se dice en la carta de despido. Es destacable que las personas se estén atreviendo a demandar, pero a nivel nacional aún falta más conciencia al respecto. La mayoría de los trabajadores y trabajadoras tiene la errónea creencia de que se requiere dinero para demandar, aun cuando el pago de un abogado se hace contra resultado; o sea, con parte de la indemnización. Pero lo más importante de todo, es que muchas personas, que sienten que han sido despedidas de manera arbitraria, movidas por desconocimiento, miedo o manipulación del empleador, firman el finiquito sin asesorarse, cuando lo que deberían hacer es firmar la reserva de derechos que mantiene abierta la opción de posterior demanda”.
