Un total de 66 denuncias a nivel nacional se han presentado en lo que va de este año por discriminación, casi alcanzando la cantidad en los dos últimos años, según cifras entregadas por la Fundación Iguales.

Al respecto, distintas organizaciones de la sociedad civil están impulsando una red de trabajo colaborativo para lograr una reforma a la Ley Antidiscriminación (20.609), también conocida como Ley Zamudio.

La iniciativa, impulsada por Fundación Ronda y Fundación Iguales, cuenta también con el apoyo del Servicio Jesuita a Migrante, la Comunidad Judía Chile, Travesía 100, Leasur, Hay Mujeres y Comunidad de Organizaciones Solidarias, entre otras organizaciones.

Se trata de una iniciativa que busca entregar la perspectiva de la diversidad, por medio de organizaciones que visibilizan a diario problemáticas y la discriminación que viven los grupos con barreras de acceso que representan.

De esta forma, se pretende generar una ley mucho más acorde a las necesidades de las diferentes comunidades, como por ejemplo personas en situación de discapacidad, pertenecientes a la diversidad sexual y de género, en situación de migración, pertenecientes a algún credo o religión, personas mayores, personas privadas de libertad, mujeres desde la perspectiva de equidad de género, personas en situación de calle, pertenecientes a pueblos originarios, en situación de pobreza, entre otras.

Según aseguran, la discriminación es un problema mucho más profundo y que afecta a todos en nuestra sociedad, por lo que ya han levantado acciones para apoyar la reforma de la Ley Antidiscriminación.

En ese sentido, varios de sus representantes han sido invitados a exponer ante la Comisión de Derechos Humanos, Ciudadanía y Nacionalidad en el Senado, además de entregar sus aportes a las mesas de trabajo que se conformaron para este mismo fin, en el Observatorio de Participación y No Discriminación de la Segegob.

María José Escudero, directora ejecutiva de Fundación Ronda, apunta que estamos en un punto de inflexión como país, por lo que ahora es el momento de hacerse cargo de las brechas de desigualdad y la normalización de la discriminación en nuestra sociedad.

“Esta reforma a la Ley antidiscriminación es una maravillosa oportunidad para impulsar una ley con carácter preventivo, y una institucionalidad que eduque y concientice a nuestra ciudadanía, para que de esta manera podamos crear juntos un cambio cultural, donde se valoren las diferencias y se acepte con respeto y empatía la diversidad”, sostiene.

La indemnización

Uno de los puntos más relevantes para la red es prevenir, erradicar y sancionar todo acto discriminatorio, así como promover y garantizar el principio de igualdad y no discriminación.

Para Alessia Injoque, presidenta ejecutiva de Fundación Iguales, lo importante es “ampliar el objetivo de esta ley, el cual debe incluir el deber de prevenir y erradicar todas las formas de discriminación, y, además, porque es una de las obligaciones generales de los Estados en materia de derechos humanos”.

Sin embargo, la principal modificación propuesta en la ley es incluir indemnización a las víctimas.

Al respecto, el abogado y director jurídico de Fundación Iguales, Jorge Lucero, señala que “es sumamente grave que la ley vigente no contemple ningún tipo de reparación patrimonial a la víctima de un acto discriminatorio, siendo que una parte crucial de la obligación de proteger, garantizar y promover el principio de igualdad y no discriminación es que exista indemnización cuando sea vulnerado”.

Tres meses de discusión

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, senador (RD) Juan Ignacio Latorre, asegura que en la instancia llevan tres meses discutiendo el proyecto para modificar la Ley Zamudio.

“Creemos, que es necesario ponernos a tono con los avances internacionales en la materia, dando la protección efectiva a los grupos más desaventajados y vulnerables”, opinó.

“Así como queremos poner foco en sancionar la discriminación que existe. También consideramos importante reforzar la prevención, erradicación y reparación hacia las víctimas”, agregó.

“Es por esto que nuestras indicaciones buscan incorporar nuevas categorías susceptibles de discrimininación, permitir que grupos de personas también puedan denunciar, establecer una indemnización para las victimas, así como incorporar mecanismos que faciliten la prueba de los denunciantes”, detalló.

“Hoy más que nunca debemos avanzar en medidas que protejan efectivamente, a los/as ciudadanos/as de toda forma de discriminación”, concluyó el parlamentario.