Desde que la pandemia se desató en Chile, son miles los casos que han ingresado al Poder Judicial (PJ) enviados desde el Ministerio Público, a raíz de infracciones a las normas sanitarias. Salvo que se trate de menores de edad, los antecedentes del resto quedan “subidos” en el portal de la judicatura para acceso al público.
Sin embargo, la fiscal Regional del Bío Bío, Marcela María Cartagena Ramos, estimó que uno de ellos debía ser tratado con reserva para evitar que “publicaciones de prensa” afectaran a tres imputados, debido a los cargos que desempeñaban.
Se trata de la indagatoria que le fue encargada el 7 de julio pasado por el Fiscal Nacional Jorge Abbott, en contra del actual secretario del Senado, Raúl Guzmán, el perseguidor penal Patricio Rosas y el asesor Roberto Contreras, ambos de la Fiscalía Regional Sur. Esto porque los tres fueron descubiertos el pasado 25 de junio, sentados en la mesa de un local de mariscos de San Miguel, sin mascarillas ni respetando la distancia física, cuando la comuna estaba en cuarentena, tal como lo reveló la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.
Todo comenzó el 30 de julio pasado cuando Cartagena solicitó al 11º Juzgado de Garantía de San Miguel que la causa no pudiera ser accesada en la página del PJ; básicamente porque buscaba obtener el listado de llamadas entre los involucrados e imágenes de cámaras de seguridad, para un caso que -como ocurre en la mayoría de los tribunales del país- no requiere pesquisas de esta naturaleza para ser judicializado.
“Solicito (…) que en atención a la naturaleza de esta diligencia, las funciones de las personas investigadas, que los antecedentes que se encuentren en poder del tribunal se mantengan bajo estricta reserva y custodia, absteniéndose de publicar los antecedentes relacionados en la página web del Poder Judicial (…)”, se lee en el escrito.
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Lo que Cartagena pidió es conocido como una “medida intrusiva”, es decir, acceder a información privada de un investigado sin que se entere y por extensión su conocimiento debe quedar restringido a terceros e incluso para la defensa. Ello para que la diligencia resulte positiva.
Sin embargo, en el caso de Contreras, Rosas y Guzmán resaltan algunas particularidades, porque los patrocinantes de estos últimos sí podían acceder a todas acciones del Ministerio Público.
Ese 30 de julio, el tribunal aceptó la solicitud formulada por Cartagena, pero el 3 de agosto un escrito interpuesto por la Defensoría Penal Pública (DPP), en representación de Guzmán, se opuso a la decisión.
El juzgado dio “traslado” a la Fiscalía Regional de Concepción para resolver si correspondía o no la reserva.
En un nuevo escrito del 11 de agosto, Cartagena agregó nuevos antecedentes sobre el criterio adoptado, aludiendo que la defensa de Guzmán, como la de Rosas y Contreras estaban autorizadas para revisar la carpeta de investigación por el sistema interno de la Fiscalía.
En la misma presentación agregó: “Que la reserva solicitada resguarda principalmente los derechos de las personas que aparecen en calidad de imputados en la misma, evitando publicaciones de prensa que puedan perjudicarlo (sic) públicamente (…)”.
Fue ahí cuando el magistrado Roberto Cayo analizó los escritos y descubrió una contradicción: si Cartagena no había decretado secreta la causa, la reserva en el sitio del Poder Judicial no se justificaba, rechazando así las pretensiones del Ministerio Público penquista.
Gracias a la decisión de Cayo, cualquier actuación procesal que realice de ahora en adelante el organismo perseguidor sobre este caso, será de acceso público.
Para muestra un botón: hasta el 26 de junio de 2020, la Fiscalía ha imputado delitos por infracción a la norma sanitaria a más de 42 mil personas.
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Preguntas sin responder
La imagen de los comensales en el restaurante de mariscos de San Miguel provocó dos efectos. El primero, en el Ministerio Público, porque tanto Rosas y Contreras están suspendidos de sus funciones, mientras dure el procedimiento disciplinario en su contra.
El segundo que Guzmán debiera dar explicaciones a los senadores, a quienes indicó que la reunión tuvo por objeto obtener libros sobre Derecho Constitucional para lo cual se trasladó 18 kilómetros desde su casa en San Carlos de Apoquindo hasta el local de comidas en la comuna de San Miguel, que solo estaba autorizado para vender por delivery.
Actualmente, Guzmán es defendido por la Defensoría Penal Pública, mientras que Rosas por los penalistas Waldo Bown y Christian Bawlitza. En tanto Roberto Contreras, por el estudio de Juan Domingo Acosta.
La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío envió un listado de once preguntas a Cartagena, buscando conocer las razones de su decisión. Al cierre de esta edición y en solo cuatro puntos, confirmó la petición de medidas intrusivas en contra de los ya aludidos. Indicó además que fue el tribunal el que resolvió alzar la reserva de la carpeta judicial, pero no contestó por qué para una causa de infracción a normas sanitarias se realizaron este tipo de diligencias. Tampoco por qué las “publicaciones periodísticas” podrían haber afectado a los involucrados, tal como se lee en la presentación.