La fiscal regional de Concepción, Marcela Cartagena, solicitó el registro de llamados del secretario del Senado, Raúl Guzmán, en el marco de la investigación que realiza por la infracción a las medidas antipandemia, luego que fuera descubierto en un local de mariscos de San Miguel, junto a dos funcionarios del Ministerio Público.
Cartagena solicitó la misma diligencia respecto de estos últimos, el fiscal sur Patricio Rosas y el asesor de la entidad Roberto Contreras, quienes paralelamente se encuentran suspendidos de sus funciones, a raíz de un proceso disciplinario interno.
La indagatoria de carácter penal que sustancia el organismo perseguidor, se originó a raíz de una fotografía revelada por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, en donde los aludidos, el pasado 25 de junio, aparecen sentados en una mesa del restaurante Loyola sin mascarillas, sin distanciamiento físico suficiente, cuando la autoridad sanitaria mantenía a la comuna de San Miguel bajo estricta cuarentena.
(Pie de foto quien aparece riendo es el asesor de la Fiscalía Sur Roberto Contreras. Quien está sentado con una parka azul y pelo cano, es Raúl Guzmán. El tercer comensal es Patricio Rosas).
Por entonces, los sitios de comida solo podían vender productos vía delivery y no abrir para recibir personas en el local.
La diligencia de la fiscalía penquista busca establecer cómo se coordinaron los aludidos para coincidir en el lugar y fecha señaladas. Lo anterior cobra relevancia porque Guzmán aseguró que la reunión tuvo como objetivo el intercambio de libros sobre Derecho Constitucional.
Con esa versión, Guzmán intentó aclarar por qué se trasladó 18 kilómetros desde su casa en San Carlos de Apoquindo hasta la comuna de San Miguel.
“Cada vez que he salido de mi domicilio, lo he hecho con los permisos y comunicaciones pertinentes o en razón de necesidades de mis funciones. También entiendo que los establecimientos de delivery o venta de alimentos pueden funcionar, por tratarse los alimentos de un elemento esencial”, aseguró Guzmán cuando fue inquirido por este medio.
Otra de las diligencias que solicitó Cartagena, fue la consecución de las imágenes que existan en cámaras de seguridad de lugares cercanos al “Loyola”, de la misma Fiscalía Sur, entre otros.
En tanto, el pasado 5 de agosto el fiscal Rosas designó como abogados a Waldo Bown y Christian Bawlitza, reconocidos penalistas del foro.
Contreras, por su parte, contrató los servicios del exfiscal Alberto Aguilera, del estudio de Juan Domingo Acosta, profesional del círculo de diamante entre los profesionales del derecho.
Guzmán en tanto, será defendido por la Defensoría Penal Pública, se lee en los escritos a los que accedió este medio.
A todo lo anterior, los comensales están sometidos a un sumario sanitario decretado por la Seremi de Salud Metropolitana, donde podrían ser sancionados con una multa de hasta 50 millones de pesos.
¿Coincidencias?
Como los hechos se desarrollaron en San Miguel, el caso quedó bajo la jurisdicción del Undécimo Juzgado de Garantía de San Miguel. En este último tribunal, el Ministerio Público ingresó un escrito para darle existencia procesal a la causa, el pasado 30 de julio.
La indagatoria del organismo perseguidor es sustanciada por el delito establecido en el artículo 318 del Código Penal que se aplica a las personas que violan la cuarentena. De hecho, el pasado 18 de junio fue modificado aumentando las sanciones penales y económicas a quienes infrinjan las medidas sanitarias en el marco de la pandemia.
Al revisar el sitio web del Poder Judicial, existen cientos de ingresos por el mismo ilícito a nivel nacional y, salvo que se trate de un menor de edad, siempre son de acceso público, ya que el secreto suele aplicarse -por ejemplo- a casos de narcotráfico, terrorismo, lavado de activos entre otros delitos de similar gravedad para evitar su filtración.
Sin embargo, el de Guzmán, Rosas y Contreras, aparecía “bajo reserva”. Este medio consultó el pasado 7 de agosto a la Fiscalía del Bío Bío cuál era el fundamento invocado para adoptar esa decisión, pero declinaron responder.
El 11 de agosto se inquirió lo propio a la Fiscalía Nacional. Allí se indicó que no existía una regla general y que todo dependía del funcionario a cargo de la indagatoria, en el marco de sus atribuciones y facultades legales.
Coincidencia o no, ayer el caso era de libre acceso en la website de la judicatura.
En la sección donde debe estar la identidad del denunciado, se lee: “confidencial” y “NN”.
