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A través de una misiva, un grupo de 36 abogadas y profesoras de Derecho defienden a la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, jueza que presidió la comisión que otorgó la libertad condicional al padrastro de Ámbar.
En la misiva, señalan que “como mujeres, abogadas y académicas de Derecho y Criminología, todas defensoras de los derechos fundamentales de las personas, todas conocedoras de la importancia de la inserción de la perspectiva de género en las decisiones judiciales, rechazamos las demandas de mayor punitivismo y el ataque recibido por la ministra Silvana Donoso, en relación con la libertad condicional otorgada en el año 2016 al presunto autor del lamentable femicidio de la adolescente Ámbar”, según recogió La Tercera.
“Lamentamos que el populismo penal encuentre suelo fértil en algunos sectores de la clase política y del movimiento feminista. Creemos que las garantías del individuo son infranqueables y entendemos como absolutamente equivocada la respuesta exclusivamente punitivista que se ha dado a las demandas de las mujeres”, sostienen.
Agregan que “es un error político y de política criminal mantener un camino que busca exclusivamente el aumento de penas y reducción de garantías, pues distrae de la pendiente y urgente discusión sobre la evaluación de la eficacia de políticas públicas y la implementación de programas para enfrentar la violencia de género en contra de las mujeres, adolescentes y niñas”.
“En este sentido, lamentamos que temas de fondo permanezcan sin respuesta legislativa, como es el caso del Proyecto de Ley que asegura el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia imponiendo a los órganos del Estado el desarrollo de políticas, planes y programas integrales para el enfrentamiento de la violencia contra la mujer, o la reglamentación de la Ley de Libertad Condicional que fortalece el acompañamiento y fiscalización de los beneficiarios de esta medida”, agregan.
En ese sentido, mencionan: “No debemos perder de vista que históricamente los movimientos feministas ocuparon el derecho penal como estrategia sólo en razón de su potencial simbólico, es decir, su capacidad de hacer reconocibles ciertas situaciones como problemáticas, pero no por creer que él sea la solución para cambiar la estructura sexista de nuestra sociedad”.
“Creemos que el fortalecimiento de una cultura de vida digna para las mujeres no puede sostenerse en una respuesta que apuesta exclusivamente por la violencia penal. El respeto por nuestras vidas requiere de una transformación social radical y la satisfacción de condiciones mínimas de vida para que cada una de nosotras pueda desenvolverse con autonomía y libertad”, aducen.
Además, condenan “todo comentario machista, misógino, discriminatorio o estereotipado contra las mujeres víctimas de violencia, de la misma forma que condenamos la instrumentalización de la violencia contra las mujeres para promover cualquier tipo de propósito populista o ajeno a la causa feminista”.
“La trayectoria de Silvana Donoso se ha caracterizado por su postura garantista, por la técnica y ética profesional. De hecho, la primera decisión en Chile con perspectiva de género en el contexto del actual estado de pandemia es de su coautoría, entre varias otras, cuando sustituyó la pena privativa de libertad de una mujer con embarazo de alto riesgo por el arresto domiciliario, en cuya fundamentación se hace referencia a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW)”, aseguran.
Sobre lo mismo, manifiestan que “la decisión que otorgó la libertad condicional de Hugo Bustamante entre otros 741 internos en el año 2016, fue pronunciada por una Comisión formada por cuatro magistrados y debidamente motivada en los criterios objetivos establecidos en la ley vigente a la época, es decir, respetuosa de la legalidad”.
“Entendemos que el principio de legalidad es uno de los pilares del Estado de derecho y su observancia es más que esperada, siendo obligatoria en la labor judicial. Una sentencia judicial contraria a la legalidad, sí podría ser motivo legítimo de indignación social, aparte de las consecuencias legales que podría generar a los magistrados que la otorgasen. Insinuar o afirmar que Silvana Donoso tiene responsabilidad en el lamentable y brutal femicidio de Ámbar es irresponsable y equivocado”, indican.
En también aclaran que, conforme señalado por la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de Defensores de Derechos Humanos, “las juezas y jueces son defensoras de los derechos humanos en la medida en que contribuyen activamente a que las personas obtengan un acceso efectivo a la justicia de manera independiente e imparcial, razón por la que la actividad judicial debe ser protegida de toda forma de intimidación”.
“Entregamos nuestra solidaridad a la ministra y esperamos que los temas relevantes para el país, como la violencia contra las mujeres, sean tratados con la seriedad y el cuidado que merecen”, puntualizan.
Firman:
– Fabiola Girao, profesora Universidad de Valparaíso y Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
– Marcela Aedo, profesora Universidad de Valparaíso
– Rocío Sánchez, profesora Universidad Andres Bello, Viña del Mar
– Karina Saavedra Lyng, profesora Universidad Andres Bello y Ust de Viña del Mar
– Agustina Alvarado, profesora Universidad Católica del Norte
– Laura Mayer Lux, profesora Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
– Andrea Pinto, profesora Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
– Olga Espinoza, profesora Universidad de Chile
– Consuelo Murillo, profesora Universidad Austral de Chile
– Rocío Lorca, Profesora Universidad de Chile
– Alejandra Olave, Universidad Andrés Bello
– Paula Medina, profesora Universidad Central
– Karinna Fernández Neira, abogada y defensora DD.HH.
– Magdalena Garcés Fuentes, abogada y defensora de DD.HH.
– Tatiana Vargas, profesora Universidad de Los Andes
– María Elena Santibañez, profesora Pontificia Universidad Católica de Chile
– Myrna Villegas Díaz, profesora Universidad de Chile
– Carolina Villagra, profesora Universidad de Chile
– Paula Vial R., profesora Pontificia Universidad Católica de Chile
– María Inés Horvitz, profesora Universidad de Chile
– Lidia Casas, Universidad Diego Portales
– Susana Isabel Gatica, abogada Grupo Abogadas Feministas de Valparaíso
– Javiera Renee Albarran, abogada Grupo Abogadas Feministas de Valparaíso
– Ana Eugenia Furllerton, abogada Grupo Abogadas Feministas de Valparaíso
– Javiera Tapia, abogada Grupo Abogas Feministas de Valparaíso
– Paz Irarrázabal, profesora Universidad de O’Higgins
– Francisca Figueroa San Martín, profesora Pontificia Universidad Católica de Chile.
– Ana María Morales Peillard, profesora Universidad Alberto Hurtado.
– Claudia Salvo del Canto, abogada Grupo Abogadas Feministas de Valparaíso
– Dagmar Salazar Mesa, abogada Grupo Abogadas Feministas de Valparaíso
– Alicia Salinero, abogada profesora Universidad Alberto Hurtado
– Gloria Mancilla Ibacache, abogada investigadora Universidad de Talca
– Paulina Andrea Desmond, abogada Grupo Abogadas Feministas de Valparaíso
– Denisse Guerra Varas, abogada ABOFEM Valparaiso
– Lenimar Ortega Valenzuela, abogada ABOFEM Valparaiso
– María Francisca Ríos Carrasco, abogada ABOFEM, Valparaiso
