La Contraloría General de la República ordenó realizar una investigación interna, luego que descubriera una serie de irregularidades en Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), al auditar las contrataciones de servicios medioambientales.
Básicamente, el organismo fiscalizador, realizó una serie de observaciones “altamente complejas” sobre el proceso de adjudicación que realizó Enap Refinerías (ERSA) con las empresas Ambygest Consultorías SpA y Best Environmental Solutions S.A.
En particular, Ambygest fue requerida para desarrollar un estudio de “caracterización” respecto a la cantidad de contaminantes que emite al medioambiente ERSA en sus procesos de refinería que desarrolla en la región del Bío Bío. Por este acuerdo, se pagó la suma de $402.090.932 a valor UF hoy.
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De acuerdo al informe de la entidad de control -que publica Radio Bío Bío-, los servicios realizados mostraron inconsistencias. Esto porque el trabajo elaborado por Ambygest “no se condice con lo requerido, ni satisface los objetivos trazados (…) de modo tal que sus resultados no proporcionan ningún dato acerca de la contribución de ERSA a la calidad del aire de su entorno”.
ERSA es una compañía filial de ENAP que nace de la fusión de las refinerías de petróleo Petrox S.A. y Concón S.A. Actualmente, la propiedad de la empresa es en un 99,98% de ENAP y el 0,2% restante pertenece a la Corporación de Fomento para la Producción (CORFO).
La indagatoria ordenada por la entidad de control será realizada por la matriz, ya que ERSA no posee una Unidad de Auditoría Interna.
A raíz de las observaciones detectadas y mantenidas, el organismo fiscalizador resolvió enviar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que evalúe si los hechos podrían ser materia de acciones civiles o penales en contra de quiénes estuvieron detrás de las aprobaciones y pagos de los contratos.
Sin licitación
Además de no cumplir con lo ordenado, versa el documento, la revisión dio cuenta que la estatal incumplió su normativa interna. Y esto porque ERSA adjudicó vía “cotización” una suma superior a los 200 mil dólares a Ambygest, pese a que la regulación establece si contratación supero que dicho monto debe ser licitado.
Lo pactado con Ambygest fueron tres informes que la consultora debió entregar en sus respectivos plazos a Enap Refinerías S.A. No obstante, el tercer documento, equivalente al 40% del valor total de la compra, presentó un retraso de 96 días sin que se hayan cursado las respectivas multas.
La empresa respondió que todo se debió a un retraso con la tramitación de un convenio con la Seremi del Medio Ambiente de la región del Biobío, proceso obligatorio para el desarrollo de los trabajos. Sin embargo, el organismo fiscalizador mantuvo la observación, aludiendo que con la documentación entregada por ERSA no se pudo acreditar que la demora fuera por el motivo expuesto por la estatal.
De esta forma, ERSA no aplicó ni menos cobró la multa a la firma que asciende $2.751.719 a valor UF actual.
Adjudicación
Best Environmental Solutions S.A. es otra de las empresas que prestó servicios medioambientales a ERSA y que presenta observaciones por la Contraloría.
En noviembre de 2014 se suscribió el acuerdo para el desarrollo del proyecto de “Sustentabilidad Ambiental para Refinería Bío Bío”. Este, fue autorizado vía adjudicación directa y por un monto de $308.000.000, luego de un proceso licitatorio privado declarado como terminado.
En este caso, se identificaron inconsistencias en los documentos de autorización de la contratación de Best Environmental Solutions S.A. Según pudo acreditar el organismo fiscalizador, “ERSA notificó la adjudicación del servicio a la empresa consultora mediante una carta en forma anterior a la emisión de las respectivas minutas de adjudicación y contratación”.
Lo anterior, detalla el texto, no se ajusta a los procesos de contratación de servicios que ENAP tiene vía trato directo.
La empresa, en respuesta al preinforme de observaciones, explicó que debido a la urgencia se “hizo necesaria la aprobación extraordinaria mediante correo electrónico”. No obstante, la explicación para la Contraloría no “desvirtúa” la transgresión a las normas internas de la empresa.
Pero eso no es todo. La investigación también da cuenta de pagos por servicios no utilizados por la filial de ENAP.
Dentro de los detalles técnicos del proyecto a desarrollar por Best Environmental Solutions S.A se estableció que la empresa desarrollaría la estrategia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y la “elaboración y tramitación” de la Declaración o Estudio de Impacto Ambiental (DIA/EIA).
Sin embargo, cuando la Contraloría solicitó los documentos a ERSA para acreditar la cumplimiento de las tareas mandatadas, no se halló información de los trámites ambientales que ya habían sido elaborados, aprobados, cancelados.
La razón, según la empresa, fue que a raíz de un “cambio de tecnología” en el proyecto, la Declaración de Impacto Ambiental realizada no fue utilizada.
“(en) los antecedentes mencionados aparece que ERSA pagó $ 308.000.000, por un servicio que finalmente no utilizó, atendido un cambio de tecnología de la cual no proporcionó mayores antecedentes”, dice el informe.
El diputado RN Leonidas Romero, quien denunció estos hechos, calificó al informe como “lapidario”.
“Yo espero de verdad que esto llegue a la justicia (…) y que se recuperen todos estos recursos que se lapidaron en forma irregular (…). Por lo tanto, valoro, agradezco, felicito, este informe de la Contraloría que una vez más nos da la razón ante hechos muy irregulares”, aseguró.
La seguidilla
Los problemas en la estatal no son nuevos. En junio de 2019, este medio reveló un episodio de contaminación en Quintero, Puchuncaví la Región del Bío Bío a causa al mal manejo del “Iranian Heavy”, crudo importado desde el país del medio oriente a Chile.
Los antecedentes que están en manos de la Fiscalía revelan que más de mil personas resultaron con sintomatología asociada a la inhalación de la nube tóxica provocada por el petróleo extrajero, hecho ocurrido en agosto de 2018.
Para defender a los ejecutivos de la estatal ante la formalización que realizó el Ministerio Público ante la justicia, ENAP contrató ó al estudio de Luis Ortíz Quiroga por $535 millones.
En su oportunidad la petrolera no quiso transparentar las cifras e indicó que “los honorarios pactados con el estudio jurídico se encuentran dentro del estándar para este tipo de investigación”.
Sumado a lo anterior, el pasado 26 de junio, María Loreto Silva entonces presidenta del directorio de ENAP, anunció que dejaba el cargo, luego que la Contraloría -a través de un dictamen- cuestionara la aplicación del criterio de probidad de la funcionaria. Básicamente porque mantenía el vínculo como social con el “Bofill, Escobar, Silva abogados”, el mismo que representa en juicio contra el Estado la empresa Hyundai Engineering & Construction, a cargo de la construcción del Puente Chacao, que unirá Puerto Montt y Chiloé
Nuevos aires
En el reemplazo de Silva asumió de forma interina el ingeniero comercial Fernando Massú, exgerente general de Corpbanca y actual presidente del directorio de BTG Pactual y de la Polla Chilena de Beneficencia.
En lo que va de su periodo al mando de la empresa, Massú ha ha dado señales de austeridad. Según el diario La Segunda, el “foco” de la nueva dirección es la reducción de gastos. Para eso, han puesto en marcha un plan de “recorte de costos” con el que buscan ahorrar US$100 millones este año.
El vespertino consignó que durante el primer semestre la empresa “superó los US$23 millones en recortes”.
La tarea de Massú deberá seguir por la senda del ahorro, pese a que los números siguen siendo negativos. El primer semestre de 2020 la petrolera nacional anotó pérdidas por US$44,2 millones.