Sobrevivientes de Abusos sexuales a nivel eclesiástico cuestionaron el manual emitido por el Vaticano sobre procedimientos para indagar estos casos. Algunos consideraron que sólo es marketing de la Iglesia.

El extenso documento define qué actos se consideran como delitos y la necesidad de entregar los antecedentes a la justicia a civil, aunque no exista una explícita obligación legal de hacerlo.

Son 164 puntos los que incluye este Vademécum emitido ayer por el Vaticano, relativo a cuestiones procesales ante los abusos sexuales a menores cometidos por clérigos.

Por ejemplo, identifica los actos delictuales, entre ellos las relaciones sexuales (sean consentidas o no), el contacto físico con intención sexual, exhibicionismo, masturbación, producción de pornografía, inducción a la prostitución, conversaciones y/o propuestas de carácter sexual incluso mediante medios de comunicación.

Todo con menores de 18 años que es la competencia que tiene la Congregación para la Doctrina de la Fe.

También establece que es preciso que aunque no exista una obligación explícita, las autoridades eclesiásticas den información a las autoridades civiles cuando sea indispensable para tutelar a las víctimas o evitar peligro a otros menores de edad.

Reitera que no se pueden poner obligaciones de silencio a las presuntas víctimas o testigos, y que la autoridad eclesiástica debe esforzarse para que ellos y sus familias sean tratados con dignidad y respeto, ofreciendo escucha y seguimiento, que puede ser a través de asistencia médica y sicológica.

También pide evitar el traslado de clérigos a otro oficio a jurisdicción si es indagado. Aclara que no se le puede obligar al acusado a confirmar su delito ni tampoco imponer juramento. Al tratarse de un proceso penal, no está previsto que intervenga el denunciante durante el proceso.

Además, aclara que un proceso podría generarse o activarse a través de una denuncia formal, una publicación de un medio de comunicación o incluso un rumor.

Uno de los voceros de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos, Eneas Espinoza, consideró que se trata más bien de un acto de marketing. Dijo que al no existir una sanción para quienes no denuncien, esto sigue dando pie a dilatar procesos.

“Nos deja claro que el Vaticano, que todos sus funcionarios, incluido al monarca Francisco (Bergoglio), están buscando empantanar el camino. A mí personalmente me parece otro acto de marketing, y nosotros, como red de sobrevivientes, sentimos que nuevamente se están dilatando las cosas buscando en todo este entramando mayor impunidad”, lamentó.

El experto en la historia de la Iglesia, Marcial Sánchez, opinó que en general es un aporte para ordenar el accionar de la iglesia ante estos casos. Sin embargo, manifestó que es complejo que se puedan iniciar procesos en base a rumores y que puede ser cuestionable que no se incluya la declaración de los denunciantes en los procesos penales.

“Claro que puede ser cuestionable. Hay procesos que se pueden generar solo con un rumor y eso es bien complejo porque rumores hay muchos”, afirmó.

“Ahora en términos generales, creo que este manual es un aporte, creo que es una ayuda para aquellos países que no tienen avanzado este tipo de protocolos, creo que para Chile también es una ayuda para seguir ordenándose en este tema”, concluyó.

En tanto, una de las representantes de la Red nacional de Laicas y Laicos, Carol Crisosto, consideró que difícilmente ayudaría si no hay cambio de mentalidad entre algunos presbíteros, tampoco facilita el camino de la denuncia como se quisiera. A su juicio, los denunciantes siguen quedando en la desprotección.