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El Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó a la ministra en visita, Romy Rutherford, el procesamiento del general (r), Jozo Santic (en la foto), en calidad de coautor de malversación de caudales públicos. Esto, en el marco de investigación dirigida en contra del excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, encausado por el mismo delito por una suma de $3.500 millones.
La información consta en el escrito que ingresó la semana pasada al escritorio de la magistrada y que supera las 190 páginas, donde se revelan una serie de testimonios que describen la vida de lujos principescos que llevaba Fuente-Alba tanto en su residencia, como en viajes al extranjero, regalos, autos y propiedades.
En la presentación -que publica íntegramente la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío-, el CDE solicitó también que Rutherford encause al coronel (r) Jorge Cortés Díaz, quien fuera el “repartidor” de los gastos reservados que se apropiaba Fuente-Alba en la Dirección de Finanzas.
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En esa línea el organismo pidió lo propio para el comandante (r) Rodolfo Hidalgo Fariña, quien se desempeñó como “oficial de órdenes” de la casa donde Fuente-Alba residió mientras fue jefe castrense entre 2010 a 2014. Solo para la mantención de ese lugar se destinaban más de 10 millones mensuales, de acuerdo a la investigación.
Básicamente, el CDE argumenta que los mencionados formaron parte de un engranaje para la comisión del delito con perfecto conocimiento de ello.
En noviembre de 2019, Santic fue condenado por la misma Rutherford a 13 años de presidio, en otra de las aristas de la indagatoria conocida como Tecnodata, donde se estableció el fraude al fisco a través de la presentación de facturas falsas por un monto superior a los $ 40 millones.
Su caso llegó en apelación a la Corte Marcial que el 9 de junio pasado rebajó la pena a 5 años y un día, pero que Santic deberá cumplir tras las rejas.
Actualmente, Fuente-Alba también se encuentra formalizado por lavado de activos en una investigación que tramita el fiscal Centro Norte, José Morales.
La propia Rutherford también procesó al excomandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, por malversación de caudales públicos, por una suma superior a los $4.500 millones.
En la mira de la magistrada también está otro militar que ocupó el mismo cargo. Se trata de Óscar Izurieta, quien al retirarse de la institución en 2010 se habría llevado el dinero de gastos reservados que no se alcanzó a gastar durante su mandato.
