Este lunes se discutió el veto presidencial en la comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados respecto al proyecto que busca suspender el corte de servicios básicos en el contexto de pandemia, veto que finalmente fue rechazado en dicha instancia.

El veto buscaba, entre varias cosas, que se limitara el consumo de agua y también se suprimiera el beneficio de telecomunicaciones.

En la oportunidad los diputados rechazaron con 6 votos a favor, 6 en contra, más una abstención del diputado Joaquín Lavín (UDI).

Ahora la comisión de Economía deberá elaborar un informe con el fin de recomendar a la Sala rechazar las observaciones realizadas por el Presidente de la República a este proyecto.

Al respecto, diputado Pedro Velásquez (IND), que votó a favor de la aprobación del veto y que forma parte de la bancada radical, señaló que “para mi el tema no tiene doble lectura. Este proyecto va a cumplir cinco meses donde las familias en Chile hoy no tienen la certeza ni la seguridad que cuando se le corte la luz, se le corte el agua, o se corte el gas, ellos van a tener la posibilidad de renegociar”.

“Por lo tanto, qué es lo que se pretendía con este proyecto o con la admisibilidad, que a lo menos —porque esto igual tiene que volver a pasar a la Sala—, que el Gobierno promulgara la ley con las tres necesidades más básicas que requieren los chilenos y tener seguridad. Luz, agua y gas”, sostuvo.

Asimismo, detalló que “se puede hacer perfectamente otra ley que permita que las telefonías puedan llevar a cabo un proceso distinto, porque en mi calidad de abogado hay en el artículo número 3, es evidente que hay inconstitucionalidad, y por lo tanto, ¿Qué es lo que van a hacer las empresas telefónicas?, no se van a quedar cruzadas de manos”.

“Si este proyecto se promulga las empresas telefónicas van a recurrir y van a judicializar y por lo tanto este proyecto no va a tener nunca un término final”, aseguró.

En la misma línea que Velásquez, el diputado Miguel Mellado (RN), que también votó a favor del veto, mencionó que “conversé con el ministro Moreno (…) y el ministro Jobet donde me mostraron los papeles que correspondía, donde si quedaba en la ley algo atentatorio contra la propiedad privada, cualquier socio, de cualquiera de estas empresas, en cualquier parte del mundo, a futuro podría demandar al Estado de Chile”.

“Al Gobierno le queda un año y medio, por lo tanto ellos están bien claros de que esta ley que empieza a regir puede hacer de que algún socio de empresa, que no sean los administradores actuales ni el gerente actual, pero un socio minoritario que esté en otro país del mundo —porque las empresas son internacionales— podría demandar al Estado de Chile”, indicó.

Al ser consultado sobre su postura manifestada la semana pasada, donde señaló que rechazaría el veto, explicó que “lo que pasa es que no conocía el fondo del veto ni los argumentos que tenía el Gobierno para enviarlo. Los ministros fueron muy gentiles de explicarlo como corresponde”.