La Moneda estaría preparando veto a proyecto de servicios básicos y reingresaría propuesta recortada

Oficialmente, no hay respuestas ni novedades sobre lo que podría ocurrir con el proyecto que suspende el corte de servicios básicos en medio de la pandemia.

Si bien ya se desestimó la idea del Gobierno de ir al Tribunal Constitucional, está la posibilidad de que veten la ley, luego de ser calificada como “inadmisible” por voces del Ejecutivo, entre ellas el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet; y el subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Juan José Ossa.

El Congreso despachó hace casi dos semanas la ley y si el Gobierno no se pronuncia para promulgarla en los próximos 15 días, la ley se promulgaría sola.

Sin embargo, el Ejecutivo ya estaría barajando una definición, de acuerdo a borradores que circulan al interior de la Segpres, según reportó La Tercera. En concreto, el Gobierno se inclinaría por vetar el proyecto de servicios básicos y devolverlo al Congreso con reparos.

Una postura que se condice con el anuncio que realizó el lunes, cuando convocó a expertos, académicos y exparlamentarios para “perfeccionar” los mecanismos de admisibilidad de las mociones inconstitucionales, el que inmediatamente generó escozor en el Congreso.

Hasta ahora, todo apuntaría a que recortará la iniciativa original: mediante el veto permitirá los cortes de servicio y reducirá significativamente el universo de beneficiarios que consideraba originalmente al 60% más vulnerable, además de cesantes o trabajadores con contrato suspendido.

¿Bajo que criterio? A ese grupo le exigirá cumplir al menos 1 de 3 requisitos: ser adultos mayores, estar acogido al seguro de desempleo, o ser trabajador independiente, lo que evidentemente rebajará la cantidad de personas beneficiadas.

Es decir, bajo este nuevo criterio impulsado por el presidente Sebastián Piñera, para que no se aplique el corte de servicio de luz, agua o gas, será necesario estar en el 60% más pobre y además tener contrato suspendido, estar siendo beneficiario del seguro de cesantía o ser adulto mayor. Pero no considera a trabajadores informales o a quienes han mantenido su trabajo.

La propuesta de Palacio, eso sí, tendrá que ser revisada por senadores y diputados, la cual necesita respaldo mayoritario para prosperar y convertirse efectivamente en ley.

No obstante, si no lo consigue, el Congreso podría insistir en sus términos en la medida que consiga un respaldo de 2/3 a su texto, algo que no se avizora realizable, pero que es clave para que los beneficios originales de la ley puedan mantenerse.

Lo complejo para conseguir aquello (los 2/3) es que requiere el respaldo de RN al texto original.

De este modo, el presidente Piñera estaría consiguiendo rebajar el universo de beneficiarios y daría pie a que se pueda cortar los servicios básicos a familias que se encuentren entre el 60% más vulnerable.

Molestia transversal

Sin conocer este escenario, durante el martes, las críticas no se hicieron esperar. El senador PS Rabindranath Quinteros, señaló que no se condice el rápido actuar de Piñera con el proyecto que aumenta las sanciones para los infractores de medidas sanitarias y la lentitud respecto al corte de servicios básicos.

En tanto, en el oficialismo también hay molestia. El diputado Miguel Mellado (RN) llamó al Gobierno a promulgar prontamente la ley y admitió que tampoco ha existido acercamientos que puedan dar cuenta de las decisiones del Ejecutivo

Por su parte, el jefe de bancada de la DC, Daniel Verdessi, llamó a La Moneda a no vetar la ley.

El llamado es transversal, pues hace unos días la bancada del PPD solicitó al presidente de la Cámara, el diputado RN Diego Paulsen, oficiar al Presidente para que promulgue a la brevedad el proyecto, mientras la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), también se había sumado a las críticas.