La Asociación de AFP entró al debate por la reforma constitucional, originada en moción parlamentaria, que busca derogar el actual sistema previsional de capitalización individual, y reemplazarlo por uno de reparto, con administración estatal.

En la instancia, el gerente general del gremio, Fernando Larraín, cuestionó la viabilidad técnica de la iniciativa, argumentando -entre otros puntos- que una pensión mínima garantizada de 380 mil pesos, como propone la iniciativa, implicaría un mayor gasto público por hasta un 8% del PIB.

Además, el ejecutivo señaló que el modelo propuesto no mejora los problemas de fondo que derivan en el bajo monto de las jubilaciones.

Por su parte, el expresidente de la Asociación de Abogados Laboristas, Juan Sebastián Gumucio, reconoció que si bien un sistema de reparto puede tener falencias, se pueden subsanar con una mayor participación estatal y privada, mientras que su diseño flexible permitiría una mejora inmediata de las pensiones.

En la Comisión de Constitución del Senado, donde se tramita el proyecto, el DC Francisco Huenchumilla llamó a la industria de las AFP a reconocer el problema político que arrastra el actual modelo previsional, mientras que su par de Renovación Nacional, Andrés Allamand, pidió acotar el debate al contenido del proyecto.

La iniciativa está en una fase de audiencias, donde ya fueron invitados la Coordinadora No+AFP y el Ministerio del Trabajo, antes de pasar a su votación en general.