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El Gobierno descartó una solicitud de la oposición para adelantar la tramitación de una renta de emergencia para las familias, en medio de las negociaciones que mantienen ambas partes para lograr un Acuerdo Nacional en materia económica, antes del viernes.
Uno de los primeros consensos de la instancia fue un marco fiscal que no supere los 12 mil millones de dólares en un horizonte de 20 meses para distribuir en medidas que apunten a la reactivación económica, de los empleos y el apoyo a las familias.
En este último punto, se está considerando ampliar el actual Ingreso Familiar de Emergencia, que consiste en una transferencia directa mensual de 65 mil pesos, que decrece en forma progresiva, para el 60% de los hogares más vulnerables del país, por tres meses.
En el oficialismo habría apertura para extender el beneficio por tres meses más, ampliar su alcance, remover la gradualidad y elevar el monto.
Este lunes Convergencia Progresista, la Democracia Cristiana, el Partido Liberal y Revolución Democrática, firmaron un documento pidiendo adelantar la tramitación de esta medida, incorporando montos sobre la línea de la pobreza, en función del tamaño del grupo familiar.
Así lo explicaron el presidente del PS, Álvaro Elizalde, y el timonel radical, Carlos Maldonado.
En el Gobierno, la ministra vocera Karla Rubilar, desestimó esta alternativa en su forma, señalando que la discusión debe resolverse en la instancia que convocó el Ejecutivo para este acuerdo nacional.
Con esa visión concordó el diputado UDI, Patricio Melero, que integra la Comisión de Hacienda en la Cámara, señalando que las medidas económicas de apoyo deben aplicarse en forma integral.
Por su parte, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, llamó al Ejecutivo a desarrollar el debate en forma pública, de cara a la ciudadanía.
Por otra parte, el Consejo Fiscal Autónomo se pronunció respecto del acuerdo, señalando que hay espacio para nuevas medidas de apoyo, siempre que sean transitorias, con plazos claramente establecidos.
El órgano consultivo estimó que el plan de emergencia debe ser flexible en su aplicación y resguardar tanto la trayectoria del balance estructural como la deuda neta a la hora de definir el monto máximo de gasto.
En cuanto al financiamiento, advierten que se debe incluir reasignaciones del presupuesto 2020, y combinar endeudamiento con ahorros.
