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A última hora del viernes 29 de mayo al menos cinco funcionarios de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) fueron despedidos.
La decisión, autorizada por el director del organismo, contraalmirante (r) Gustavo Jordán, afectó a las áreas de contrainteligencia, personal, barrido electrónico y -hasta ahora- a un agente delegado en regiones.
De acuerdo a la información recabada por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, la determinación corresponde al plan diseñado por Jordán para contratar a funcionarios acorde a las nuevas directrices operativas y de análisis en el organismo de inteligencia civil. A lo anterior, se suma que varios de los finiquitados tenían sueldos elevados, pertenecían a jefaturas anteriores -incluso contratados en el actual gobierno- y otros con varios años de permanencia en el organismo.
Al interior de la ANI los despidos fueron un balde de agua fría y generaron un importante clima de inseguridad laboral, ya que ocurrieron en medio de la pandemia. Por ello no es descartable que en los próximos días los afectados interpongan un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago para revocar la medida, tal como ocurrió en 2019 con los agentes delegados en La Araucanía y Punta Arenas. De hecho, el primero de ellos debió ser recontratado por orden de la Corte Suprema, luego de constatarse una desvinculación ilegal.
Cofradía naval
Desde que Jordán asumió la jefatura del servicio en noviembre de 2019 -en reemplazo del abogado cupo RN, Luis Masferrer- los cambios han favorecido a personal en retiro de la Armada.
Por ejemplo, el segundo de a bordo es Allan Nettle, contraalmirante (r) y exjefe de inteligencia naval, conocida como “Ancla 2” y otro oficial en retiro que trabaja en la sede santiaguina del organismo.
El último contrato ordenado por Jordan hace algunas semanas corresponde a un capitán de fragata, quien no cumplía los requisitos aparecidos en un aviso económico en el diario El Pingüino de la capital magallánica, al más puro estilo de la Guerra Fría que entregaba detalles vagos y un estrechísimo plazo para postular que apenas supera las 24 horas. Recordemos que el nuevo miembro de la “nómina” de agentes regionales es un ex capitán de fragata que fue compañero de Jordán en la Escuela Naval, tal como lo reveló este medio el 5 de mayo pasado.
Pie de foto: Publicación del concurso para ser agente de la ANI en Punta Arenas
No ha sido lo único. Recientemente la jefatura de contrainteligencia fue asumida por un exprefecto de la PDI -también retirado recientemente- cuya última destinación fue la subdirección de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria. El civil que lo antecedió, en tanto, fue derivado al Sistema de Inteligencia del Estado (SIE), una entidad coordinadora de la “comunidad”.
Junto a los anteriores, también varios miembros del Ejército laboran en el edificio de Tenderini 115, como también un carabinero en retiro.
Ahorro
La decisión de Jordán busca ampliar la planta de la ANI, que de acuerdo a la Ley dictada en 2005 alcanza a 98 personas, divididos entre directivos, profesionales, técnicos administrativos y auxiliares.
Fuentes que conocen de la operatoria interna aseguran que la idea de Jordán es contratar analistas ligados al mundo de las Fuerzas Armadas más que civiles, otorgándole un tinte más cercano a la tesis del enemigo externo que de producción de inteligencia para La Moneda. Ello deriva, aseguran, en que el mundo militar y policial aterrizó en la ANI convirtiéndola en una entidad distinta a la concebida.
A ello se sumaría una eventual ampliación de la secreta “oficina de operaciones” que el organismo mantiene en el centro de Santiago.
El estilo Jordán le ha traído al organismo más de algún problema. Uno de ellos fue validar el llamado informe “Big Data”, un análisis dataístico preparado por una firma española para Quiñenco, empresa de Andrónico Luksic, el que fue traspasado a la cartera de Interior y luego al Ministerio Público, cuyo titular Jorge Abbott criticó duramente su utilidad.
El desaguisado más reciente ocurrió en abril pasado, cuando se filtró el convenio que firmó la ANI con el Servicio Nacional de Menores (Sename), con miras a obtener información de niñas, niños y adolescentes para establecer el alcance de la contaminación criminógena de estos últimos con hechos delictuales y protesta social.
La firma de este acuerdo administrativo -que la cartera de Justicia revocó- tuvo una sola víctima política: la directora del Sename Susana Tonda.
