Durante la última semana, un conjunto de partidos políticos de oposición, junto a una diversidad de organizaciones sociales, suscribieron una declaración llamada “Pliego Popular: Por la vida contra el hambre y la cesantía”, en la que expusieron 7 medidas inmediatas y urgentes para acudir en apoyo de las familias chilenas y aminorar, en parte, el profundo sufrimiento que están padeciendo con el coronavirus.
El texto fue firmado por fuerzas políticas como Convergencia Social, Comunes, Igualdad, Fuerza Común, el Partido Comunista, la Federación Regionalista Verde Social, Partido Progresista y Revolución Democrática, las que en su mayoría fueron desplazadas del diálogo para un Acuerdo Nacional que comenzó este viernes y fue convocado por el presidente Sebastián Piñera el lunes pasado.
Además, en total, se sumaron más de 20 organizaciones sociales, entre las que se encuentran algunas como la Confederación de Trabajadores del Cobre, la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadoras de Casa Particular, la Federación Nacional de Sindicatos de Pescadores Artesanales de Chile y la Coordinadora Nacional de Taxistas de Chile.
En concreto, organizados al margen del diálogo impulsado por La Moneda, piden al Ejecutivo que enmiende “decisiones sanitarias equivocadas y medidas socioeconómicas insuficientes”, ya que “el tiempo pasa y la situación sigue agravándose, y las soluciones dependen en su mayoría de la iniciativa exclusiva del Gobierno”.
De paso, cuestionaron la convocatoria a un acuerdo nacional, ya que la invitación -a su parecer- “distaba de un acuerdo nacional amplio y sin exclusiones y se ha traducido en un diálogo restringido a los partidos políticos que tienen participación en las comisiones de Hacienda del Congreso”.
No obstante, subrayaron que lo realmente acuciante para la población es implementar las medidas que, con urgencia, ha solicitado un amplio arco de actores sociales y políticos. Por ello, en el Pliego Popular plantean la necesidad de instalar un Comité Nacional de Crisis en materia sanitaria -con sus respectivos comités regionales y locales- y asegurar un ingreso básico de emergencia que supere la línea de la pobreza ($460.000 para una familia de 4 personas).
Con todo, en su declaración acusan que “el Gobierno no ha demostrado en estos dos meses disposición alguna de llegar a acuerdos reales con representantes sociales y políticos que le han señalado las deficiencias de las medidas tomadas, y tampoco ha mostrado una voluntad real de corregir el rumbo, impulsando iniciativas efectivas que vayan en beneficio de la gente común y trabajadora. Por el contrario, ha persistido en seguir culpando al resto de los efectos de su deficitaria gestión”.