Luego de un largo debate, y por 71 votos a favor, 62 en contra y ocho abstenciones, fue aprobada la idea de legislar un proyecto de ley que busca sancionar los daños a medios de transporte público y a su infraestructura asociada.

La iniciativa fue tendencia en redes sociales como “Ley Sticker”, por quienes cuestionaban que se tramitaran leyes para sancionar a quien pegara un adhesivo en letreros o en los buses. Sin embargo, dichos castigos son parte de un proyecto bastante más amplio.

Justamente, la norma busca sancionar con pena de presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días) y una multa de 20 unidades tributarias mensuales (UTM), es decir, poco más de un millón de pesos, los atentados en contra de un bus, tren, embarcación, aeronave u otro tipo de vehículo que preste servicios de transporte público, así como a las infraestructuras asociadas a ellos. Además, se consideraban agravantes.

Esto último, sin embargo, fue objeto de indicaciones por diputados de distintos sectores que buscaban endurecer o disminuir los castigos contemplados, por lo que la propuesta fue devuelta a la Comisión técnica para un segundo informe.

Ley “Sticker”

Quizás el punto más controvertido del proyecto, son las sanciones de también poco más de un millón de pesos a quienes pinten o graben “con mensajes, firmas, rayados, dibujos u otras figuras o expresiones, escritos, inscripciones o grafismo” a los medios de transporte público, a bienes asociados a dicha actividad o a señalética vial o letreros camineros.

En efecto, un sector de la oposición cuestionó el proyecto y lo bautizó como la Ley Sticker(pegatina, en español), precisamente por los castigos a los actos recién señalados. Asimismo, criticaron la prioridad que se le dio a la iniciativa por sobre otras relacionadas a la pandemia.

“¿Crear una renta básica de emergencia? Na, mejor una ley sticker (sic)”, fustigó, por ejemplo, la diputada Gael Yeomans.

En tanto, su par Félix González, -también a través de Twitter- dijo que espera “que el Gobierno le quite la urgencia y priorice proyectos realmente importantes y relacionados a la pandemia”.

“Algunos se dan el gusto de castigar a gente que tiene mucha rabia. Rechazaremos la “Ley Sticker” que sanciona los daños en transporte público e infraestructura”, dijo por su parte Amaro Labra.

Según datos del Gobierno, 3.919 buses fueron vandalizados anualmente en promedio entre 2012 y 2018, lo que representa un 61,7% de la flota total. El gasto al año por estos hechos es de $5.300 millones.