Héctor Elías Henríquez Aravena llegó apurado al Registro Civil de San Pedro de Atacama. Allí se encontró con su amigo Rodrigo, el mismo al que había solicitado horas antes que le hiciera la fila.
Su objetivo era revocar un poder que había entregado sobre su camioneta -una Chevrolet Captiva blanca- a su esposa Marcela Melita, con quien hace pocos días había iniciado un proceso de separación.
Pero ya era demasiado tarde. El traspaso del vehículo ya se había concretado. ¿El destinatario? Christian Parra Toro, un abogado con quien se presumía la mujer tenía un amorío y con quien mantiene una relación sentimental hasta la actualidad.
Era la mañana del 29 de octubre de 2018 y ese preciso episodio es el inicio de un misterio policial que está lejos de ser resuelto. Horas después de la improvisada cita con su amigo en las oficinas de la repartición estatal se le perdería el rastro al ingeniero de 49 años y sería encontrado -por casualidad- casi seis meses después, el 27 de abril de 2019, al interior de un auto calcinado en medio del desierto.
A un año exacto del hallazgo nadie sabe como murió, el resultado de la autopsia sigue siendo desconocido y su deceso es investigado como presunta desgracia por Fiscalía. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Hubo intervención de terceros? ¿Quién prendió fuego al auto? ¿Cómo se explica el traspaso de la camioneta? Las interrogantes están abiertas.
La denuncia
Héctor trabajaba en una empresa de construcción. Le iba bien. Viajaba al extranjero varias veces al año y tenía un buen pasar económico. Vivía con su esposa Marcela en una casa en las afueras de San Pedro de Atacama. Ambos formaban parte de un entrañable grupo de amigos en el que también estaba Rodrigo, la esposa de este último, Alondra, y otros matrimonios, con quienes se juntaban asiduamente, especialmente para festejar cumpleaños y otras fechas especiales.
Pero todo cambió. A comienzos de octubre atravesaba por un delicado tratamiento de salud y se estaba separando. En medio de ese proceso, el 29 de octubre de 2018, luego de acudir al Registro Civil para el trámite que no prosperó, el ingeniero enfiló en dirección a Calama para comprarse un vehículo nuevo. Llegó a la automotora Salfa de esa ciudad, pero no pudo llevarse su más reciente adquisición. ¿La razón? Simple. Le faltaban las placas patentes.
Como era un cliente conocido -relata Javier Henríquez, hermano del fallecido- le entregaron un vehículo de prueba, un Jeep Compass, para que tuviera con qué retornar a su casa. Esto último se sabe porque las cámaras de seguridad del local lo captaron allí a eso de las 17:00 horas, siendo ese el último registro suyo con vida.
De ahí en más, sólo existen versiones encontradas de lo que le sucedió.
Sus cercanos sospechan que Héctor nunca volvió a su hogar, pero su esposa sostiene lo contrario. Al menos así quedó demostrado cuando esa misma noche -alrededor de las 21:00 horas- la mujer llegó hasta la Segunda Comisaria de San Pedro de Atacama para interponer una denuncia por violencia intrafamiliar.
Según apuntan fuentes de BioBioChile, la mujer acusó en la oportunidad que su cónyuge había intentado asesinarla con un cuchillo en el domicilio que ambos compartían hasta hace poco, pero que ella había logrado arrebatarle el arma, subirse a su vehículo y huir a toda velocidad hasta el cuartel policial. Momentos más tarde -cuentan- llegaría su abogado, Christian Parra, quien a la postre terminaría transformándose en un personaje clave de la historia.
Las dudas
El episodio descrito por la mujer en su denuncia es puesto en duda por los cercanos a Henríquez. Por ejemplo, Javier cuenta que no hay relatos de testigos o de personas que hayan escuchado a Héctor llegar ese día. Menos de un intento de asesinato ni de alguien saliendo del domicilio en un automóvil como lo habría hecho Marcela al escapar con el cuchillo a bordo del vehículo. Algo extraño -señala- considerando que la casa se encuentra en un lugar apartado, donde el silencio reina en medio del desierto.
Lo que también llama la atención son los testimonios de Alondra y Rodrigo, los amigos de Héctor. Según cuentan, esa tarde habían quedado de tomar once juntos, pero durante el viaje a Calama, él dejó de responder los mensajes de WhatsApp. A ellos y a su hermano, lo que era inusual. Tampoco llamó a su madre, como acostumbraba hacerlo sagradamente todos los días.
Cuando no llegó al compromiso las dudas se acrecentaron, por lo que decidieron estampar una denuncia por presunta desgracia.
Pero eso no fue lo único que hicieron. Como tenían lleves de la casa -narran- fueron a ver si él estaba dentro. La revisaron y no había nadie. Las puertas y ventanas estaban cerradas con seguro.
Y salvo que todas las pertenencias de Marcela habían sido retiradas, en la casa las cosas parecían estar en completo orden.
Así, recién cerca de una semana después llegó Carabineros a revisar el domicilio. Según cuentan cercanos que estuvieron en ese momento, fue una inspección general, “por encima” y no encontraron nada.
La diligencia los dejó intranquilos, por lo que insistieron en que se realizaran nuevos peritajes, entre ellos que solicitaran las cámaras de seguridad de un hotel que se encuentra frente al domicilio. La familia y amigos esperaban que ahí se obtuviera información valiosa. De la denuncia de violencia intrafamiliar o de la desaparición. En fin, alguna pista que ayudara a esclarecer lo ocurrido.
Sin embargo, -indican- los uniformados demoraron varios días en pedir las imágenes y cuándo lo hicieron el dueño del hotel ya no podía retroceder hasta el día de los hechos, debido a que el sistema soportaba un corto periodo de grabación y luego ésta se reescribía.
Pero eso no sería lo único. En medio de una nueva revisión al domicilio aparecería una cuerda sobre una mesa. Ello podría haber sido solamente una evidencia en medio del caso a no ser por un detalle: la soga -relatan cercanos- no estaba ahí en los días previos y -sostienen- parecía una simulación burda de alguien que pretendería quitarse la vida con ella. Estaba ahí como si un tercero quisiese que fuese encontrada, aseveran.
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Pasaron casi seis meses hasta tener noticias concretas. El 27 de abril de 2019 se conoció que un cuerpo había sido encontrado en medio del desierto. Estaba calcinado, al igual que el vehículo, un Jeep Compass, el mismo modelo de automóvil que la automotora le había prestado a Héctor.
Fue hallado por casualidad. Un carabinero -que andaba en un procedimiento que nada tenía que ver con la desaparición- divisó el vehículo en medio del desierto. Estaba en las cercanías de la ruta que une Calama con Tocopilla, es decir, en dirección contraria a San Pedro de Atacama.
Inmediatamente todos las sospechas apuntaron al ingeniero. Javier recibió un llamado esa mañana y tomó el primer vuelo desde Santiago. Para su sorpresa, relata, el auto y el cuerpo no habían sido periciados en el sitio del hallazgo, sino que habían sido llevados hasta otro lugar. De acuerdo a su testimonio, le habrían referido que el terreno presentaba dificultades, lo que a su parecer era ilógico, pues era una enorme planicie en medio del desierto, cercano a una torre de telefonía.
Nadie en la familia se explica como no fue advertido antes por la policía, ya que en la prensa habían anunciado con bombos y platillos una búsqueda con helicópteros e incluso drones. En teoría, las aeronaves deberían haber sobrevolado la zona, lo que aún no se conoce, pues Carabineros no entregó las bitácoras de vuelo.
Sea como sea, le tomaron muestras de ADN a él y a la madre de ambos y fueron enviadas para los exámenes de rigor. La respuesta llegó a mediados de mayo: el cadáver encontrado era el de Héctor.
La demora
Desde el día de su desaparición hasta la actualidad, los cercanos del fallecido acusan desidia de parte del Ministerio Público y de Carabineros. Primero por lo ocurrido con las cámaras de seguridad y la soga; y segundo porque la principal tesis de los uniformados hasta el hallazgo del cuerpo, aseguran, era que Héctor había huido. Que incluso se había ido con otra mujer y que había abandonado el país, señalan, pese a que todos sus documentos y pasaporte estaban en su casa.
Ahora, a juicio de Javier, la tesis vuelve a ser “la más fácil”: el suicidio. Sin embargo, dicha teoría aún no puede ser ni confirmada ni descartada ya que la autopsia no ha sido entregada. Así, por ejemplo, no se puede determinar si Héctor estaba vivo al momento en que el todoterreno comenzó a quemarse.
Según dicen fuentes de BioBioChile, Fiscalía tampoco practicó los peritajes de incendio al vehículo, para saber qué acelerante se utilizó para prenderle fuego. Incluso, familiares aseguran haber encontrado partes del automóvil que no fueron retirados por la policía del sitio donde fue hallado.
Hasta el momento, lo único que se conoce -por peritajes realizados de manera particular por sus cercanos- es que comenzó a incendiarse por la parte central, entre los asientos delanteros y traseros.
La falta de diligencias, añaden, ha hecho imposible determinar si hubo intervención de terceros o si se trató de un suicidio.
La pregunta es si “hay interés real o no” de esclarecer lo ocurrido, cuestiona la abogada de la familia, Paula Oyarzo.
A su juicio, dado todos los antecedentes, fue un “error entregar a Carabineros y no a la PDI” las pesquisas.
La causa sigue bajo la figura de denuncia por presunta desgracia.
El traspaso
Lejos de aclararse está también el porqué el mismo día de la desaparición de Héctor, Marcela traspasó la camioneta Chevrolet Captiva a Christian Parra, su abogado, con quien hasta la actualidad mantiene una relación sentimental. Este último a su vez se desempeña como director de Control y Auditoría Interna de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, misma casa edilicia donde ella trabaja.
Lo que sí se conoce es que Héctor le dio el poder el jueves 25 de octubre, es decir, cuatro días antes de que se le perdiera el rastro. Según fuentes cercanas a la investigación, en esa fecha concurrieron a terapia familiar debido a que él quería salvar la relación. Sin embargo, para participar de las sesiones ella le habría pedido dicho documento a cambio.
Pero Héctor no sabía que Marcela no se iba a traspasar la camioneta a sí misma, sino a Christian. Al parecer, el ingeniero se enteró en el intertanto de que algo no andaba bien, por eso ese lunes llegó al Registro Civil, donde su amigo Rodrigo le hacía la fila desde temprano, para intentar revocar el poder. Su esfuerzo no prosperó. Había llegado tarde, la operación ya estaba hecha.
Actualmente la camioneta está a nombre de Christian Manuel Parra Toro, con quien se presume Marcela tenía una relación paralela a su matrimonio.
El único dueño anterior corresponde a Héctor Elías Henríquez Aravena, tal como consta en el registro del vehículo.
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BioBioChile se contactó con Marcela Melita para conocer su versión de los hechos, pero su respuesta fue tajante e inmediata: “No me vuelva a llamar”.
Lo propio ocurrió con Christian Parra, a quien se le consultó por el traspaso de la camioneta, pero no hubo respuesta ante esa interrogante.
En tanto, Cristian Aliaga, fiscal jefe de Calama, encargado de liderar las pesquisas, declinó referirse a la investigación por tratarse de un proceso en curso.