A la fecha, cerca de 4.000 personas condenadas por distintos delitos han abandonado las cárceles del país en el contexto de emergencia sanitaria, tras una serie de decisiones tomadas para reducir el riesgo de que las prisiones se vuelvan focos de contagio de Covid-19.
Dichas personas, que suman cerca del 10% de una población penal de más de 42 mil personas, seguirán cumpliendo sus condenas o medidas cautelares desde sus domicilios tras las iniciativas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Defensoría Penal Pública.
Gracias a la ley de indulto conmutativo promulgada por el Gobierno, hasta este miércoles un total de 1.202 hombres y 179 mujeres (sumando un total de 1.381 personas) ya cumplen sus condenas desde sus domicilios.
Dichos indultos conmutativos, así como las solicitudes de cambio de cautelar para los imputados, han buscado beneficiar a los grupos más vulnerables al contagio por Covid-19, integrados por mujeres embarazadas, mujeres con hijos lactantes menores de dos años, enfermos crónicos y personas de la tercera edad.
Además, a 903 imputados se les ha cambiado la cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario total, de las cuales 342 correspondenn a la región Metropolitana. En total, la DPP ha solicitado la misma revisión para 3.370 imputados.
En tanto, 108 menores han abandonado los internacion provisoria del Sename para cumplir con la medida desde sus domicilios, mientras que 1.560 personas han salido de los penales optando por libertades condicionales.
A las acciones desplegadas por el Gobierno se sumó el período de revisiones condicionales que se realizan dos veces al año -en abril y octubre- y en la que personas condenadas y que han tenido buena conducta, además de cumplir con otros requisitos, han podido obtener su libertad condicional y abandonar las cárceles. En esta ocasión se otorgó la libertad condicional a 1.560 personas, a los que se sumaron otros 3 internos por recursos de amparo presentados por la Defensoría Penal Pública.